El Tribunal Oral Criminal N° 4 juzgará al ex jefe de Compras, Carlos Luppi, y a los empleados Eduardo Fiorelli y Néstor Molina por supuestos hechos de corrupción en el 2004.

La investigación judicial por presuntos sobreprecios ocurridos en el área de Compras y Suministros del Municipio durante el gobierno de Daniel Katz fue iniciada a partir de una denuncia penal presentada por la Defensora del Pueblo adjunta, Mónica Felices.

En ese marco, el ex Fiscal de Delitos Económicos, Pablo Poggetto, a través de una serie de pesquisas y de cotejar documentación, logró descubrir la supuesta adulteración de los cuadros comparativos de precios, por lo que eran en todos los casos favorecidos dos proveedores.

Finalmente, se había determinado que el Tribunal Oral Criminal N° 4 de esta ciudad juzgaría a los proveedores Marcelo Fortier y Antonio Marón Aon; al ex jefe de Compras, Carlos Luppi, y a los empleados Eduardo Fiorelli, Néstor Molina y Marcos Brown, por presuntos hechos de corrupción.

Puntualmente, a los imputados se los acusa de haber participado entre mayo de 2003 y abril de 2004 de 11 hechos de defraudación, consistentes en la compra de alimentos, mercaderías (aberturas y calefactores, entre otros), y medicamentos que eran destinados a la Comuna, y por los que se pagó un presunto sobreprecio que iba del 100% al 500%.

Sin embargo, los dos proveedores involucrados fueron beneficiados con la aplicación de una probation o suspensión de juicio a prueba, lo que les evitó tener que comparecer ante el Tribunal.

Impunidad municipal

Mientras la causa recorre el camino de la Justicia hace casi 9 años, la Comuna abrió un sumario administrativo contra los agentes municipales involucrados en estos posibles hechos de corrupción.

Al finalizar el trámite, la Dirección de Sumarios y la Junta de Disciplina de la Comuna aconsejó al intendente Pulti que debía tomar la decisión de cesantear a los agentes Fiorelli, Molina y Brown. A su vez, el Sindicato de Trabajadores Municipales solicitó una sanción de 30 días para los mencionados empleados.

Arrodillándose ante las presiones del gremio de Gilardi y desoyendo lo sugerido por la Dirección de Sumarios y la Junta de Disciplina, el ex Secretario de Gobierno Ariel Ciano sugirió aplicar una “sanción ejemplificadora” de 30 días de suspensión a este grupo de empleados acusados de actos de corrupción. Finalmente, el intendente Pulti firmó el decreto Nº 1475 ratificando la decisión del actual Presidente del HCD.

En los fundamentos del decreto, el Jefe Comunal explicó que para tomar la decisión de la “ejemplificadora sanción”, tal como la calificó Ciano, “se tuvo en cuenta que “la situación económica financiera en la que se encontraba la Comuna en ese momento, generaba que, dado el extenso plazo para efectuar los pagos, no hubiera proveedores que quisieran venderle a la Municipalidad, que la mayoría de las solicitudes de compra realizadas por las dependencias, tenían en carácter de muy urgentes, ya sea en estufas, medicamentos y otros insumos indispensables para distintas dependencias, sumando esto a la falta de personal, que recargaba de manera considerable la actividad de los agentes, ocasionando en algunas oportunidades la comisión de errores”.

Estas palabras de Pulti difieren de lo aseverado en su momento por el Dr. Pablo Poggetto.

Al elevar la causa a juicio oral y público, el ex Fiscal y ahora Juez Poggetto aseveró que “la administración pública ha sido perjudicada, pues no ha realizado debidamente el proceso referido a las compras directas, sino que como consecuencia de dicho mecanismo, ha dejado de poseer sumas dinerarias, ya que si no hubiera abonado sumas sobrevaluadas o sobreprecios de las compras realizadas, contaría en sus arcas con dinero excedente, producto de haber abonado el precio que corresponda”.

A su vez, recalcó que “maniobras ardidosas de esta naturaleza, devienen en perjuicio económico de la Administración Pública Municipal al abonar sumas desproporcionadas por productos, mercaderías o servicios, ocasionando con ello, no contar con una eficiente administración de fondos, que le permita gastar los mismos de manera adecuada y racional, así asignarlos debidamente a las funciones específicas que debe tener un estado (salud, educación, seguridad y sostenimiento de los servicios públicos)”.

Ante esta decisión de Pulti, según confiaron dos prestigiados letrados del foro penal local a 0223 al ser consultados, el gobierno de Acción Marplatense habría dejado al Fiscal y a los abogados querellantes que representan a la Comuna en una posición de extrema debilidad ante la Justicia a poco tiempo de arrancar el juicio oral y público. Ya que el propio estado municipal está justificando el accionar de los empleados acusados de corrupción.