Luego de varios años de espera, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado una nómina de candidatos a ocupar cargos de jueces y fiscales en todo el territorio nacional que, por supuesto, incluye a Santa Fe. El diezmado mapa judicial federal en la provincia empezará a contar con funcionarios que puedan atender miles de causas que, en muchos casos, naufragan y permanecen en estado larvario por años a raíz del colapso del servicio de justicia.

Las propuestas para Santa Fe trajeron consigo algunas sorpresas. Otras, eran “número puesto” si se tiene en cuenta la performance en los exámenes brindados en los concursos. Entre éstos últimos está el marplatense Claudio Rodolfo Kishimoto, propuesto para ocupar el cargo de Fiscal ante el Juzgado Federal de Rafaela, creado en el último lustro. Kishimoto obtuvo excelentes calificaciones en los concursos de Rafaela, Reconquista y Resistencia, en el Chaco. Actualmente se desempeña como fiscal en Mar del Plata y la última causa densa que le tocó investigar tenía a Francisco De Narváez como posible imputado, en el marco de una denuncia que impulsó el kirchnerismo en la balnearia ciudad contra el opositor dirigente. La Afip y la Aduana empujaron la presentación judicial de un periodista marplatense para que se investigue al referente del Peronismo Federal por evasión impositiva. El pliego de de Kishimoto llegó con el Mensaje N° 1028/11.

Para completar la jurisdicción, y en el cargo de Juez Federal en Primera Instancia , ya había sido propuesto el año pasado el abogado Adrián Jorge García Lois, pero su pliego fue retirado por el Poder Ejecutivo. El candidato había sido entrevistado por la Comisión de Acuerdos del Senado el año pasado en donde sorprendió por las numerosas adhesiones. Ha escrito libros en donde profundizó la figura de “la suspensión del juicio a prueba”. Ha desarrollado escritos sobre derecho ambiental que fueron publicados por revistas especializadas. Fue nombrado profesor auxiliar en el Instituto de la Policía Federal y, después de unos años, profesor adjunto. También es docente adjunto en Derecho Penal I y II, en un instituto de la Fuerza Aérea Argentina. Desde 1998 se desempeña en la justicia penal de sentencia en Buenos Aires. Trabajó y redactó la condena por el secuestro extorsivo por el que condenó a Arquímedes Puccio y luego se desempeñó con éxito en resonantes casos similares donde fueron secuestrados empresarios y luego se cobró un rescate. Trabajó en una investigación del programa “Telenoche Investiga” relacionada a un grupo de jueces, ex jueces, comisarios y subcomisarios del Departamento Central de la Policía Federal que le imputaban armar causas, conocido como “Mahdjoubian - Seyahian”. García Lois explicó frente a los integrantes de la Comisión que, como no hay estadísticas producidas en la región sobre hechos federales, habló con varios referentes del poder judicial en la zona y puso estableces que, en relación a los delitos por investigar y las causas que podría tramitar: “la mayoría es infracción a la ley de drogas, de lo cual un 70 u 80 por ciento es tenencia de estupefacientes y en su gran mayoría para consumo personal. También hay tenencia simple y muy poco de comercio o de transporte. Después hay muchas falsificaciones de documentos, sobre todo en lo que es la jurisdicción que tiene ahora el Juzgado Federal de Santa Fe, porque hay muchas falsificaciones de utilización de transporte de mercaderías en camiones en la Ruta 34. También hay muchas defraudaciones de prendas para compra de maquinaria agrícola del Banco Nación. En cuanto a la materia no penal, hay muchas ejecuciones prendarias, ejecuciones hipotecarias y ejecuciones fiscales, vinculadas al cobro de impuestos, reajuste de haberes de Gendarmería, de personal del Banco Nación, reajuste de jubilaciones. Básicamente eso es la competencia material que hay”, detalló. Tras el retiro del pliego, algunos rumores aseguran que Miguel Abásolo iría en ése lugar.

Para el cargo de Fiscal en Reconquista fue propuesto el actual representante del Ministerio Público en la jurisdicción, Roberto Javier Salum. El Mensaje del Ejecutivo es el 1036/11 y fue remitido a principios de esta semana al Senado. Salum está subrogando el cargo desde la partida del anterior fiscal José Ignacio Candioti, que desde el 2009 está al frente de la Fiscalía Federal en Victoria (Entre Ríos), además de formar parte de un equipo especial de fiscales que investiga la represión ilegal en Paraná durante la última dictadura. Salum y Candioti fueron los responsables de impulsar las causas abiertas en Reconquista vinculadas a los delitos de lesa humanidad en la región. El trabajo de ambos permitió que al menos 6 personas, entre ex policías y ex militares, tengan que responder judicialmente por los hechos imputados. También Salum fue el fiscal que investigó el origen e mails difamatorios contra funcionarios y querellantes en Causas de Derechos Humanos que derivó en el primer procesamiento en el país contra en este tipo de delito, que tiene extrema complejidad. Para ello requirió los servicios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que aportaron las pericias informáticas, fundamentales para justificar el procesamiento contra Luis Gil, un ex PCI del Ejército que desde su PC enviaba los correos electrónicos.

Para Santa Fe

Walter Alberto Rodríguez es el candidato a ocupar el cargo de Fiscal Federal Nº 2 en Santa Fe, vacante desde el alejamiento de Cintia Gómez, que el año pasado asumió como camarista en Paraná. Rodríguez es docente en las cátedras de derecho procesal en la Universidad de Lomas de Zamora y había quedado cuarto en el orden de mérito de la terna que fue encabezada con amplia ventaja por el Fiscal Federal de Victoria, José Ignacio Candioti.

Otro que puede cruzar el charco

Mateo José Busaniche, actual secretario penal del Juzgado federal Nº 2 de Santa Fe podría transformarse en el próximo vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná si la Comisión de Acuerdos del Senado aprueba el pliego 1035/11 enviado esta semana por el Poder Ejecutivo. Podría sentarse en el tribunal junto a la ex Fiscal Federal de Santa Fe y actual vocal de la Cámara Cintia Graciela Gómez, que integró una mínima nómina de jueces y fiscales designados el año pasado por el Poder Ejecutivo.

Un pliego polémico

El Mensaje 1039/11 enviado por el Poder Ejecutivo al Senado se presenta como el más polémico, por los antecedentes del candidato y por los movimientos en el orden de mérito que permitieron desplazarlo del quinto lugar hasta el primero. El cargo a cubrir es el de Juez del Tribunal Oral de Santa Fe y el propuesto es Luciano Homero Lauría, que actualmente se desempeña como secretario de Leyes Especiales en el Juzgado Federal Nº 2. Reemplazaría al ex juez Ramiro Puyol, jubilado en 2008. Su pliego causó sorpresa porque estaba en quinto lugar en el orden de mérito del concurso realizado para cubrir el cargo.

Primero en la terna había quedado Federico Díaz, que había ganado otros dos concurso y era posible su desplazamiento. Segundo estaba Miguel Abásolo, que había quedado en lugar expectante en el concurso para magistrado en Rafaela, y tercero Mateo Busaniche, que ya en 2009 se hablaba de sus altas posibilidades de ser Vocal de Cámara en Paraná. En el cuarto lugar estaba el abogado Juan Nacul y quinto Lauría.

Los Organismo de Derechos Humanos de Santa Fe ya ensayan una impugnación contra el pliego del Lauría, a partir de antecedentes concretos. En la causa “Víctor Brusa y Otros por asociación ilícita”, expediente 570/07 que fuera tramitado por el juzgado federal Nº 2 sde Santa Fe obra un escrito presentado por el aspirante a ser juez del TOF. Fechado el 25 de febrero de 2008 dice que se excusaba de intervenir en la causa como conjuez (luego que la Cámara De Apelaciones de Rosario separara al juez natural). En los argumentos relata: "... entré a trabajar en la Justicia Federal en el año 1993 a propuesta del Dr. Víctor Hermes Brusa, cuando él era Juez Federal (…) conozco a Víctor Hermes Brusa desde la infancia (...) con él he compartido múltiples actividades en el ámbito deportivo y social, más precisamente en el rugby. Eso ha forjado una relación de amistad con Víctor, sino también una relación afectuosa y frecuente con los integrantes de su familia, su esposa Gisela y sus hijos Víctor Martín, Gisela y Pablo. Con Víctor Martín tengo una entrañable amistad forjada en el ámbito deportivo ...".

Cuando Lauría fue propuesto para ocupar el cargo de Secretario de Derechos Humanos del TOF tuvo la primera resistencia de querellantes y organismos de Derechos Humanos. La razones eran obvias, si Lauría asumía el cargo en la primera causa que tenía que debatirse (Brusa y otros) debía excusarse. Quienes criticaron la posibilidad de la movida le enviaron una nota al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, el santafesino Mariano Candioti. Nadie acusó recibo formal de la misiva, pero el nombramiento de Lauría fue frenado.