Opinó que es "necesario que se sancione el manejo inadecuado de los desmontes", por lo cual precisó la necesidad de una normativa "inmediata", que así lo permita. Entendió que frente a la discusión que se abrió con la modificación del Código Penal (en el cual aparecen algunos nuevos delitos contra el Ambiente), los tiempos no serían los que se necesitan para contar con una "normativa inmediata", que llegue antes de la sanción de esta modificación.

Entendió que en Salta, la del desmonte es una problemática "muy marcada" por lo cual es necesaria una protección de los bosques.

Convenios

Apuntó también a los convenios que hacen posible actualmente un trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal Federal y el de la provincia, para poder contar con la tecnología que permita hacer investigaciones para corroborar algunos delitos, como el de la contaminación. Entendió que no contar con estas herramientas transformaba la investigación en un proceso que quedaba solamente en lo "declamativo".

Desde ese punto, destacó la creación de laboratorios del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que no sólo están equipados para cuestiones criminalísticas clásicas, sino para la investigación de infracciones ambientales. Puso como ejemplo los delitos que incumben a la contaminación de las aguas, que quedan en la jurisdicción de la Justicia federal.

Al hablar con Nuevo Diario, López Viñals indicó que si bien hay causas en el norte provincial abiertas en distintos casos que involucran desmonte, las sanciones pueden llegar a instrumentarse cuando hay una desobediencia a la autoridad administrativa. En muchas ocasiones la orden establece la suspensión del desmonte, que los deforestadores finalmente incumplen. Por el momento, sólo se puede obligar a la reparación del ambiente en casos donde el daño se produjo. Pero hasta allí puede llegar el trámite.