La solicitud surgió por el intento de estafa de supuestos beneficiarios de un emprendimiento, quienes pretendieron abrir una cuenta para cobrar esos fondos, utilizando el documento de identidad de una persona fallecida, maniobra que fue detectada por un empleado del banco Macro.

Al respecto López Sastre indicó que el mecanismo de control funcionó a la perfección y que "la provincia no perdió un peso, porque una confusión que hay es que iban a cobrar la plata, cuando en realidad recién estaban tratando de abrir la cuenta, pero no tenían todavía el cheque, ni fondos transferidos. El banco también es parte de la estructura de control y actuó como tal."

Los fondos que por la Ley de Bosques le corresponden a Salta, pasan a integrar un fideicomiso creado para tal fin por la provincia y de ahí son girados a los beneficiarios de los proyectos de preservación.

El ministro deberá detallar, cuanto dinero llegó desde la Nación, como se distribuyó entre los beneficiarios, cual es la operatoria y que mecanismos de control y supervisión existen.

Derogar la Ley

Uno de los diputados que no está conforme con la aplicación de la Ley de Bosques es Ricardo Alonso, quien sostiene que a la provincia llega muy poco del dinero que corresponde, "y si encima lo poco que llega se lo roban, estamos hablando de una ley totalmente ineficiente."

Sin embargo el diputado señaló que escuchará al ministro, pero si se comprueba que la ley no se aplica "habrá que pedir su derogación, porque sino no tiene sentido tener una norma que no sirve y que además tiene paralizada la producción de la provincia."