El juez Martín Lozada había constado que “ambos recintos se encontraban sumidos en una oscuridad absoluta y que las personas que allí se hallaban detenidas, una de ellas obligada por la falta de espacio a estar sentada sobre el suelo, convivían con sus respectivos pisos mojados de orina”. La sentencia de hábeas corpus dictada por el magistrado señala que “se trata de dar solución a la situación planteada por la existencia y utilización de dos calabozos que presentan un manifiesto déficit en materia de habitabilidad”.

En esa ocasión, el magistrado señaló que ese déficit es “a punto tal que las personas que allí resultan alojadas se ven obligadas a experimentar un nivel altísimo de degradación capaz de afectar tanto su dignidad personal, como su integridad psicofísica. Lo cual supone un severo agravamiento de las condiciones de detención y/o demora para todos aquellos allí alojados”.

Planteó la necesidad de que existan condiciones dignas de alojamiento y que la detención en ningún caso puede “resultar mortificante, vejatoria o humillante para la persona que la experimenta”. Las autoridades de la Comisaría –según informó el diario El Cordillerano- habrían hecho arreglo de pinturas, calefacción y otras cuestiones menores. En una nueva recorrida, los calabozos fueron rehabilitados.