La reunión para intentar destrabar el conflicto por el cual 1.061 lotes no se pueden escriturar no se realizará en Santa Fe, como estaba pautado originalmente, sino que se hará en nuestra ciudad, específicamente en el ámbito del Concejo Municipal. El encuentro se concretará el lunes, a partir de las 13, en el sexto piso del Palacio Municipal.

Así quedó confirmado ayer, tras la comunicación desde el Concejo Municipal que irían todos los vecinos hacia la capital Provincial, junto con los ediles, para aumentar la presión política sobre el tema. Lo cierto es que los funcionarios provinciales decidieron venir ellos y evitar la movilización de un gran número de rafaelinos.

Hasta la tarde de ayer, quienes estaban confirmados era el secretario de Medio Ambiente, Cesar Mackler, el subsecretario de Planificación y Gestión del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Ricardo Giacosa y un representante de Aguas Santafesinas SA, el cual todavía no había sido designado.

Desde el Concejo Municipal ya comenzaron las gestiones para invitar a todos los loteadores, así como también a los representantes de los dueños de los terrenos damnificados para que se integren a la mesa. También, el jueves pasado, algunos concejales (especialmente Félix "Lolo" Bauducco y el Dr. Silvio Bonafede) habían reclamado la necesidad de que se sumen a las negociaciones los diputados provinciales Rosario Cristiani y Roberto Mirabella, así como también el senador departamental, Alcides Calvo.

Cabe recordar que la gestión provincial del Frente Progresista Cívico y Social tomó la decisión de regularizar los “emprendimientos urbanísticos”, luego del enorme crecimiento de los "barrios cerrados" en el Sur Provincial. En el marco de la ley 11.717 la Secretaría de Medio Ambiente exige el “estudio de impacto ambiental” a toda urbanización. Este considera, entre otros puntos, cloacas, electricidad, gas, tratamiento de residuos, movilidad, y recursos naturales. Pero, en Rafaela, el principal inconveniente es la provisión de agua, la cual deberían hacer los loteadores, en lugar del Estado, como hasta ahora.

Por el momento, no hay una postura unánime entre los desarrolladores urbanos en torno a la posibilidad de contribuir a la Provincia con un canon por cada nuevo lote vendido, o si asumir la responsabilidad de construir una nueva planta de ósmosis inversa por cuenta propia y que luego deban donar a ASSA, que es la que brinda el servicio. Mientras se define este tema, no terminan de destrabarse las habilitaciones de aquellos terrenos que ya fueron vendidos (los famosos 1.061) y que quedan afuera de esta discusión.

Además, la Provincia pretende que los estudios hídricos que se realicen sobre el terreno tengan una recurrencia de 100 años, cuando hasta ahora se venían haciendo sobre la base de 50 años.

Este lunes, lo que se le pedirá a la Provincia, es separar el tema del agua y del estudio hídrico del expediente, de manera tal que se pueda destrabar la situación de quienes no pueden acceder a sus escrituras y poder encontrarle una salida a este tema, que afecta a tantos rafaelinos.