El concejal vecinalista por Esteban Echeverría Pablo Losada reclamó una presencia importante del Estado municipal tanto en la protección de los lugares de la comuna que puede ser objeto de tomas para la instalación de asentamientos, como en la atención de la situación generada allí donde ya se produjeron las tomas.

“Me parece que tiene que haber una fuerte presencia del Estado para cuidar los bienes propios, ya sean del municipio, la Provincia o la Nación dentro de Esteban Echeverría, así como para fomentar esa misma conducta entre los privados que cuiden (los terrenos), los cerquen y los limpien”, declaró en diálogo con Info Región.

“No estoy a favor de la toma de tierras por parte del Estado o de privados, en todo caso en esta parte del país y de la historia la discusión de la distribución de la tierra se remonta a cientos de años atrás. Creo que la exclusión, la desigualdad, la falta de claridad y cumplimiento de la ley generan estas cosas. Entonces en ese caso seguramente puede venir gente de otra parte del conurbano como dice el secretario de Gobierno (Alberto Auruccio)”, manifestó.

En efecto, el funcionario había asegurado que el municipio tenía dificultades para combatir la problemática habitacional de los vecinos asentados en Huergo y Avenida de Mayo, que cortaron Camino de Cintura el jueves pasado reclamando la expropiación del terreno para construir viviendas, porque la mayoría "no pertenece al distrito".

“También lo que pasa es que hay un montón de vivos, de inescrupulosos, de intermediarios que lucran a partir de la necesidad de algunos y de la viveza o el oportunismo de otros, que quizás tienen su vivienda incipiente o precaria pero usurpan igual”, señaló Losada.

Ayer, en este diario, la concejal de la Coalición Cívica Patricia Gramajo había asegurado que muchos de los habitantes de los asentamientos eran llevados por “punteros políticos”. A diferencia de la edil, Losada se resistió a llamarlos de la misma forma.

“Yo los llamo intermediarios porque a veces no vienen de la política sino del mundo inmobiliario”, explicó el edil vecinalista.

“El Estado en conjunto con las fuerzas de seguridad deben poner en práctica una política activa preventiva, que implique generar trabajo, concientizar a las personas y evitar a los pícaros intermediarios”, reclamó.

En otro orden, el Concejal coincidió con Auruccio, que había asegurado que era imposible que un municipio llevara a cabo un plan de viviendas como el de la Nación para paliar la problemática habitacional.

“Ningún municipio puede invertir en obras grandes de aguas cloaca y vivienda, inclusive nien salud ni educación. Lo que puede es acompañar y tomar decisiones estratégicas para fomentar algunas medidas que complementen las grandes inversiones económicas. Puede invertir en capacitación, concientización, puede mejorar su recaudación y destinar un porcentual a algunas obras complementarias o menores”, propuso.

Por último, en relación a los planes de viviendas, el edil señaló que el municipio debe tener requisitos muy específicos en relación a las personas a las que les otorgan viviendas.

“Se debe promover un registro con muchos requisitos, sin prorrogativas ni favoritismos con nadie, en el que se pueda tener constancia de aquellos que tienen una real necesidad de vivienda y en función de eso continuar con la política, en conjunto entre la municipalidad y el Estado nacional, de construcción de hogares con determinado perfil y en determinados lugares” , exigió.

“Entiendo que la vivienda tiene que venir en función del acceso al crédito blando y de lo que pueda generar el Estado no solo en la construcción sino el acceso al crédito y a la cultura del esfuerzo y del trabajo, no a la dádiva”, concluyó.