“Estamos frente a una infracción grave. La auditoria está fundamentada”, alertó la concejal Clarisse Pasmanter, quien ayer buscó sin éxito acceder al expediente.

El contador Rubén Noguera, vocal del Tribunal de Cuentas a cargo del área municipios, confirmó a NORTE que recién ayer a primera hora el expediente llegó a sus manos. En ese orden, explicó que las formalidades del caso mandan que se “corra vista” al gobierno municipal para que realice el correspondiente descargo, tras lo cual será el fiscal quien analice el contenido de esa respuesta y emita -en consecuencia- un nuevo informe.

“El informe que recibimos contiene cuestiones técnicas pero no podemos prejuzgar sobre ese contenido”, dijo el funcionario al revelar que su opinión sobre la materia recién se conocerá a la hora de dictar sentencia. En tanto, ratificó que la comuna capitalina deberá presentar su “descargo rebatiendo rubro por rubro y con las pruebas que considere necesarias”.

Reveló luego que “todos los fiscales actuantes son profesionales”. En este caso, quien actuó para elaborar el informe fue un ingeniero civil (y a la vez abogado) experto en la materia. “Para nosotros es un trámite normal pero trascender periodísticamente implica, a priori, una gravedad”, trazó Noguera.

El camino administrativo

En ese sentido señaló que se trata de “un largo camino” por recorrer hasta el fallo definitivo que puede adoptar varias formas. Si se produce en la cuenta de Resistencia 2011, tendrá un corrimiento de vista y un nuevo descargo, que finalizará con un informe. Pero si existe una apelación, la última instancia será el recurso de revisión.

Luego, el funcionario precisó que existen dos tipos de sanciones: reparos susceptibles de multas (observaciones menores) y, si hay daño, se hace cargo a los responsables.

Sin acceso

Por otra parte, el vocal del Tribunal de Cuentas se refirió al pedido del bloque de concejales del PJ de acceder al dictamen para conocer en detalle su contenido. “Le mostré el expediente a la concejal Pasmanter (Clarisse) y a un abogado que la acompañaba. Pero querían una copia y les pedimos que presenten una nota porque recién después de notificar al municipio la notificaremos a ella”, explicó.

Fundamentó tal cuestión en que nadie ajeno al imputado en la causa (la comuna capitalina) puede acceder al informe antes que el propio inculpado. “Por más que sea denunciante, acá no existen querellantes”, señaló finalmente Noguera.

En tanto, la concejala Clarisse Pasmanter aseguró a NORTE que desde el viernes y hasta ayer, el bloque de concejales del PJ intentó tener acceso al expediente del fiscal que, en forma preliminar, determinó irregularidades en la colocación y el costo de los lomos de burro. “Fuimos el viernes y estaba bajo llave; y ahora lo tenían en la mesa pero nos dijeron que primero deben notificar al municipio”, relató.

“Estamos frente a una infracción grave. La auditoría está fundamentada”, alertó la edil, quien el año pasado envió el caso con la documentación correspondiente por presuntos sobreprecios al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. De esa manera efectuó una denuncia por la presunción de que no existía un análisis de precios que sustentara la licitación convocada por Obras Públicas por un importe cercano a los 250.000 pesos para la ejecución de 44 reductores de velocidad y la colocación de dos carteles de señalización vertical.

En ese entonces, Pasmanter había efectuado un cálculo simple: “Si dividimos los 247.000 pesos por los 44 lomos de burro, cada reductor de velocidad con dos carteles de señalización vertical le cuesta al contribuyente 5.613 pesos”, indicó.

Argumento rebuscado

Por otra parte, la concejal justicialista se refirió a los dichos del secretario de Obras Públicas del municipio, Oscar Bonfanti, quien ayer aseguró que “no existe ningún reclamo formal ni auditoria definitiva sobre los costos de los reductores de velocidad, sino un dictamen primario de un fiscal parcializado que no refleja la realidad”.

“El problema de Bonfanti es que cada vez que uno plantea algo es porque es político. Es un argumento muy rebuscado el que esgrimen desde el municipio. Con ese razonamiento, podría decir que mucha gente es radical porque tenemos muchos expedientes tramitados ante el Tribunal de Cuentas”, sentenció Pasmanter.

El caso

La denuncia realizada por los concejales justicialistas por supuestas irregularidades en los valores pagados por la Municipalidad de Resistencia para la colocación de lomos de burro en distintos puntos de la ciudad dio lugar a una auditoría que reveló datos sorprendentes vinculados con el tema.

El relevamiento efectuado determinó la existencia de un daño patrimonial en sobreprecios cercano al millón de pesos. A las inconsistencias vinculadas a la modalidad de contratación aplicada y fallas en el servicio de inspección, se sumó la constatación de la inexistencia de varios reductores de velocidad que sin embargo habrían sido pagados como si hubieran sido construidos.

Los auditores habrían constatado un total de ocho obras, de las cuales siete de ellas fueron adjudicadas a la misma contratista. Además, junto a las inconsistencias vinculadas a la modalidad de contratación aplicada y fallas en el servicio de inspección, el informe señalaría diferencias en concepto de sobreprecios, lomos de burros y carteles inexistentes y obras de menor dimensión a la contratada y pagada, lo que provocaría un daño patrimonial por un total de algo más de 900.000 pesos.

El objetivo de la auditoría era verificar si existen sobreprecios en las obras controladas, de acuerdo a la denuncia realizada por el bloque de concejales justicialistas por las supuestas irregularidades en la liquidación de esos reductores de velocidad. Meses atrás, el municipio dijo que pagaba cerca de 6.000 pesos por cada obra, e incluso organizó una conferencia de prensa con empresarios que dijeron que ese precio no era alto, sino que incluso les hacía resignar ganancias.