Tal como lo están haciendo en todo el país, la UCR formoseña formalizó también en el Juzgado Federal con competencia electoral el pedido de inconstitucionalidad de la llamada reforma judicial.

Puntualmente el radicalismo en su presentación ha pedido la declaración de inconstitucionalidad de artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855, referidos a la elección de los miembros del concejo de la magistratura, tanto jueces como abogados de la matricula federal, de académicos y científicos.

En el mismo escrito plantearon una medida cautelar a fin de que se suspenda la convocatoria a elecciones primarias y a elecciones generales para elegir los académicos y científicos y los representantes de los jueces y de los abogados de la matrícula federal en el Consejo de la Magistratura de la Nación, a celebrarse el 11 de agosto y el 27 de octubre de 2013, respectivamente, hasta tanto se dicte sentencia definitiva firme en la presente causa.

El presidente del radicalismo formoseño, Martín Hernández, indicó que las reformas introducidas por la ley 26.855 en la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación; en el sistema de elección de los representantes de los jueces y de los abogados de la matrícula federal; en la cantidad y forma de integración de los académicos y científicos; y en las mayorías requeridas para la aprobar los concursos y remitir al Poder Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos a magistrados, aplicar sanciones disciplinarias y suspender a los jueces, dañan irreparablemente la independencia del Poder Judicial de la Nación, afectando así el sistema republicano de gobierno y el Estado constitucional de derecho.

Y además de todo ello, constituye un ridículo sin precedentes, imaginarse un escenario electoral en el que Jueces que están ejerciendo su función, salgan de campaña con la pechera de la campora o de otro partido político, afirmó Hernández.

El art. 114 de la Constitución Nacional al respecto del consejo de la Magistratura es muy claro al hablar de la necesidad de equilibrio, entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular y la representación de jueces, abogados y personas del ámbito académico y científico, dejando bien sentado así quienes integran el consejo de la magistratura en función del voto popular y quienes lo hacen por mecanismos alternativos, en la búsqueda del ?necesario equilibrio?.

Este gobierno ya lo ha dicho en más de una oportunidad ?va por todo? y ese todo, incluye también la Justicia. No soporta límites ni frenos, menos aún los institucionales, es por eso que quieren manejar la justicia y el inicio es tener un consejo de la magistratura adicto, que defina quien puede ser juez y quien debe dejar de serlo.