Ahora, Gutiérrez será denunciado en la justicia penal por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas e infracción a la ley electoral. La denuncia será presentada ante la fiscalía de turno por el ex concejal radical Raúl Moreno y el referente socialista Oscar Gramajo, quienes conforman un acople del Acuerdo del Bicentenario para las elecciones provinciales del próximo 23 de agosto.

“Quiero dejar un mensaje, porque hoy estamos retirando el cheque para las cooperativas que harán los módulos y empezaremos a llevar los materiales la próxima semana. Hay una lista de 30 módulos, pero vamos a hacer una revisión de esa lista. No vamos a hacer nunca más un módulo para aquellos que no están de acuerdo con mi gestión. Porque si yo hago una gestión es para beneficiarla a la gente. Y si esa gente no me reconoce...”, advirtió Gutiérrez mientras era entrevistado.

Entre otras medidas, los denunciantes solicitan a la fiscalía que "se oficie a la Secretaría de Obras de la Nación, para que informe cuáles son los planes habitacionales otorgados a la comuna de Garmendia, como así también la normativa y los requisitos para ser beneficiarios de los mismos. También para que se informe los montos globales correspondientes a los períodos comprendidos entre 2011 y 2015, el mecanismo de liquidación y la percepción de los mismos, así como el nombre de los funcionarios encargados de la ejecución del programa".

"Con idéntico objetivo, pedimos que se oficie al Gobierno de la Provincia, para que informe sobre los programas habitacionales otorgados a la comuna de Garmendia", añaden Moreno y Gramajo.

Piden que se encuadre la actitud de Gutiérrez en el uso de fondos públicos nacionales para realizar proselitismo en su propio interés, conducta punible tipificada por el artículo 261 del Código Penal.

También indican que se investigue si Gutiérrez quedó encuadrado en el artículo 248 del Código Penal, que establece prisión e inhabilitación para el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales.

En ese orden, señalaron los denunciantes que "corresponde imputar a la conducta del legislador como intimidatoria contra el elector, con el fin de evitar un sufragio libre y de acuerdo con las convicciones íntimas del ciudadano".

"No se puede permitir que los funcionarios públicos extorsionen con males inminentes en caso de no ser elegidos. El acto de votar debe ser libre en su ejercicio, sin coacción ni presiones", agregaron.