En momentos en que el avance del narcotráfico en la Argentina vuelve a adquirir visibilidad en todas sus escalas; vuelve también a debatirse en varias provincia la posibilidad de que la Justicia y la Policía provincial intervengan en la lucha contra el denominado narcomenudeo, es decir, es el tráfico y venta de pequeñas cantidades, que generalmente va acompañado de importantes hechos de violencia.

Según el Director de Toxicología de la Policía de Entre Ríos, comisario general Fernando Alsina, “el problema que aqueja a los vecinos, que es tener la venta mínima en su barrio, que produce tantos trastornos” es el microtráfico. “Las personas que se dedican al tráfico y la comercialización van cambiando sus estrategias para tener cada vez menores cantidades de droga en su domicilio, y así tener artilugios para buscar un atenuante (ante la ley) o se hacen pasar como consumidores. El trabajo nuestro consiste en demostrar que a pesar de tener poca cantidad, sí están comercializando”, explicó.

Una de las herramientas legales diseñadas para abordar exitosamente este problemática -está en dudas si lo consigue- fue la Ley N° 26.052, que modificó Ley N°23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes permitiéndoles a las provincias que adhieran a la nueva norma actuar en el narcomenudeo.

El artículo 34°, tras la modificación, señala que los delitos previstos y penados por la 23.737 “serán de competencia de la Justicia Federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a continuación: Artículo 5º incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”, indica el texto legal vigente.

Frente al avance de la comercialización interna de drogas y la creciente violencia que trae aparejada, ahora son varias las provincias debaten la adhesión a esta ley, mayormente ignorada desde 2005.

Entre Ríos está dentro de las cuatro las jurisdicciones provinciales que adhirieron. Dos más están en vías de hacerlo, una de ellas es la conflictiva Santa Fe. Sin embargo, en la provincia esta norma no se aplica por pedido de la Justicia provincial.

El 8 de agosto de 2007 los diarios locales publicaron que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia veía “con alarma” que el Poder Legislativo había avanzado en la sanción del proyecto de adhesión “desoyendo las opiniones contrarias y las observaciones técnico-dogmáticas e institucionales” que oportunamente se formularan en diversos ámbitos judiciales.

Teniendo en cuenta que en ese momento la norma en cuestión aún no había sido promulgada, el presidente del cuerpo -Daniel Carubia- le solicitó al entonces gobernador Jorge Busti que actúe “para evitar la entrada en vigencia de la norma”; es decir, que no la promulgara.

Si bien Busti la promulgó, a través del Decreto Nº 4387 del 13 de agosto, en ese mismo texto se señaló que quedaba “suspendida hasta que se obtengan los créditos a los que alude el artículo segundo de la misma y quinto de la ley nacional y se incorporen al presupuesto general de la Provincia, conforme lo exige nuestra Constitución Provincial”.

Firmaron el decreto, Busti y el ministro de Gobierno Adán Bahl (quien se desempeñaba en reemplazo de Sergio Urribarri, quien el 18 de marzo de ese año había sido electo gobernador, cargo que asumió en diciembre).

El artículo 5º de la Ley Nº 26.052 establece “un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones (provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente”.

Sin embargo, no se conoce hasta la fecha algún avance en la gestión de estos fondos, tal como indicó que se reclamarían el Decreto Nº 4387.

Se impuso el criterio sostenido por el STJ -y otro tribunales y foros- respecto de la falta de recursos. Ello, sin embargo parecía no estar del todo claro, ya que el setiembre de ese año, 43 días después del Decreto N° 4387, la Justicia entrerriana informó oficialmente de un reclamo de mayor presupuesto al Poder Ejecutivo provincial para incorporar los ocho cargos de jueces correspondientes a los juzgados civiles creados en la provincia, y recordó que todavía reclamaba los fondos para llevar adelante la adhesión a la Ley N° 26.052.

La adhesión a la ley nacional ya había sido aprobada el 3 de agosto de 2007 cuando Busti envió al Senado el pliego de Jorge Amilcar García para ser designado como Procurador General de la Provincia. Sin embargo este funcionario fue uno de los que encabezó la resistencia a la adhesión provincial a la ley de narcomenudeo. “Esta ley salió como las cosas que se hacen muy a las apuradas. Sin prever la infraestructura para trabajar la vinculación del delito de narcóticos”, indicó el procurador, aclarando que en la estructura legal nacional y en los pactos internacionales ese delito “está pensando como macrocriminalidad porque lo que tiene de importante es que trabaja en organizaciones y con niveles internacionales”.

“En ese momento hacía poco que había asumido como Procurador General, y de las primeras cosas que hice fue sacar un dictamen diciendo que no íbamos a intervenir en esto mientras no existiese la transferencia de infraestructura para hacerlo”, recordó.

Pese a esto, señaló que muchas veces “los procedimientos se hacen con allanamietos de jueces provinciales, ya que el microtráfico muchas veces sucede con otros delitos como robo de autos o motos, o tenencia de armas y ahí aparece la droga en pequeñas cantidades”, Son casos en los que entiende la Justicia provincial. “Nos opusimos a esa adhesión planteando que la ley nacional era una mera transferencia legal de competencia...”, indicó García. Luego consideró que “el microtráfico requiere de un abordaje multidisciplinario porque se trata de un problema mucho más social que sobre quién tiene la capacidad para juzgar”.

Promueven programa de asistencia en seguridad

La asignación de fondos para combatir el narcomenudeo no se cumplió correctamente ni en Buenos Aires, que fue la primera en acogerse a la ley nacional.

Actualmente el Ministerio de Seguridad de la Nación promueve la adhesión de las provincias a un Programa Federal de Colaboración y Asistencia en Seguridad, propuesto en agosto por el Decreto N° 1177.

Con ese plan se llevaría adelante “el desarrollo de sistemas de información” sobre delitos complejos como el narcotráfico. La creación de una agencia federal de investigaciones figura entre otras propuestas contenidas en el programa federal que impulsa la cartera que comanda Arturo Puricelli.

Adhesión con amplio acuerdo legislativo

El 20 de diciembre de 2005 la Cámara de Diputados entrerriana aprobó la adhesión a la denominada ley de narcomenudeo. El proyecto fue al Senado, que recién lo trató a mediados de 2007. Cuando volvió a Diputados se escucharon encendidos apoyos a la norma por parte de los representantes de todos los bloques legislativos.

El justicialista Julio Aldáz pidió el tratamiento sobre tablas para ratificar lo votado dos años antes. “Me motiva a insistir con el proyecto original el hecho de que hay solo dos Juzgados Federales en la Provincia que investigan el tráfico y la venta de estupefacientes que es un tema de por sí demasiado complejo y más si tenemos en cuenta el criterio fijado por las autoridades competentes que han apuntado a la investigación del tráfico de drogas en gran escala”, señaló.

Luego sostuvo que queda “perfectamente salvaguardada para la provincia de Entre Ríos, a través de la adhesión de esta ley, la posibilidad de la transferencia de los recursos, los que habrá que gestionar haciendo el cálculo respectivo en cuanto a las funciones que va a cumplir nuestra Policía, el Servicio Penitenciario y el propio servicio de Justicia”, precisó.

Hablaron apoyando esta postura los diputados radicales Alba López y Osvaldo Fernández, los representes de la Concertación Entrerriana Beatriz Demonte y Oscar Grilli, y los justicialistas Enrique Cresto y José Allende. Este último incluso propuso hacer una gestión ante los senadores y luego informarla para que “la prensa sepa qué informaron los senadores, porque doña Rosa está harta de los hermosos discursos”, pero sin acciones concretas, dijo.