La rápida llegada de ambulancias es un factor importante para reducir consecuencias adversas en casos de urgencia. Según el subdirector de la Dirección de Emergencias, doctor Juan Palavecino, “el flujo de llamadas diarias que tenemos son aproximadamente entre 1500 y 2000, de las cuales aproximadamente el 60% son bromas”. Cuando los telefonistas reciben un llamado deben aplicar ciertas herramientas para detectar si es falso, pues en muchos casos se tratan de simulaciones. En otros casos la gente se comunica con intención de proferir groserías, presumir a quien atiende, entre otros motivos.

Estos tipos de llamados provocan congestiones en las líneas, lo cual perjudica seriamente a la comunidad. En muchos casos no se logra filtrar las simulaciones y se dispensan recursos humanos y tecnológicos que podrían servirle a alguien. Además, se pone en riesgo innecesario de accidente a quienes integran el equipo a bordo de la ambulancia. Estas consecuencias no son las únicas, pues hay otras dimensiones involucradas como ser los costos monetarios (por ejemplo en gasolina).

En este marco se recuerda a la comunidad que los llamados que no son por emergencias acarrean consecuencias negativas para el resto de la población, sin embargo ante una emergencia médica no debe dudar en llamar al 107.

Se recuerda que en mayo de 2013, se presentó en la Legislatura, un proyecto para modificar la Ley de Contravenciones, declarada inconstitucional por la Corte, en el que se propone el agregado de un artículo (el 20 bis) en la ley Nº 5.140, con el objetivo de disponer "severas penas y multas a los 'bromistas' y a los titulares de las líneas telefónicas que sean utilizadas" para transmitir falsas alarmas a los servicios de emergencias de la Policía, de Bomberos y de Defensa Civil, entre otras reparticiones. Las sanciones previstas en el proyecto implican "una multa mínima equivalente a diez veces el valor de la última factura de teléfono de la línea, y como máximo lo que determine el juez"; y además hasta un mes de suspensión del servicio de comunicación, aunque la pena puede llegar hasta dos años en caso de reincidencia.