Alejandro Cazabán. Lidera el grupo del gabinete que impuso su idea de avanzar con la licitación. Lo secundan el ministro de Gobierno, Félix González, y el secretario Legal y Técnico, Fernando Simón.

Que los recursos no alcanzan es cierto y que la Provincia demandará cada vez más fondos para su funcionamiento, también. A esto no sumaron demasiado los planes anti evasión que más de una vez anunció el gobierno de Celso Jaque.

Es más, la comparativa nacional muestra que en Mendoza los recursos propios crecen a un ritmo menor al de otras provincias pero la necesidad de incrementar la recaudación contratando a una consultora despertó todo tipo de rechazos y sospechas entre los gremios y el Gobierno, pero también fuertes rencillas en el gabinete.

Así salieron a la luz los enfrentamientos y uno de los ministros clave, con menos perfil político pero escasos cuestionamientos técnicos, estuvo a pasos de alejarse de la gestión. Se trata de Adrián Cerroni, el titular de Hacienda, que está convencido de que hay que tercerizar el servicio y armó los pliegos para que se concesione la recaudación de impuestos, pero piensa que ya no es tiempo de hacerlo por la cercanía del fin del mandato.

Mientras, los candidatos a gobernador y vice del PJ y sus seguidores dentro del equipo oficial, saben que puede restarles votos y no quieren saber nada con la polémica medida a cuatro meses de las elecciones.

En los pliegos que ya están a la venta y por los que han mostrado interés varias empresas, aunque sólo Registros Catastrales los compró, se ofrece la "contratación del servicio de colaboración para la reforma, fortalecimiento y modernización del sistema de administración tributaria provincial".

Por decreto del Ministerio de Hacienda y bajo el expediente 538-M-11-01027 se llama a convocatoria de oferentes para el lunes 11, para que un tercero elabore tareas que hasta el momento, bien o mal, venía haciendo la Dirección General de Rentas (DGR).

Concretamente, Hacienda pide mayor tecnología, disponer de asesoramiento experto y el apoyo de recursos humanos especializados a los efectos de modernizar la DGR, además de incrementar los canales de pago.

A cambio les ofrece un monto que no podrá superar el 30 por ciento de la sobre recaudación, del que se descontará el impacto inflacionario (ver aparte). Sin embargo, la suma puede resultar nada despreciable si se cuenta con mecanismos efectivos para salir a cobrar y es en este punto donde los empleados de Rentas y también referentes del gabinete ven un negocio para pocos.

A los oferentes también se les pide planes de control de la evasión. Es que Cerroni sabe que cuando llegó al Gobierno había poco más de 600 millones de pesos en la calle. Esto es viejas deudas tan difíciles de cobrar que hasta hoy siguen intactas. Es más, las listas de grandes morosos publicadas en internet contienen los mismos nombres que hace cuatro años; sólo han variado los montos.

Remezón

La idea dejó a los hombres fuertes del gabinete prácticamente divididos. Por un lado, los candidatos oficiales, a los que no se los consultó para dar a conocer el plan y saben que esta reforma, a menos de cuatro meses de los comicios generales, no sumará voluntades en las urnas.

Es más, abre un nuevo frente de conflicto, en especial con gremios y empresarios, a los que se necesita sumar para ganar la elección. Así ,Francisco Pérez y Carlos Ciurca se mostraron abiertamente en contra de la iniciativa y por lo bajo reflexionan que no es el momento oportuno para avanzar.

Del otro lado de la vereda, avalado finalmente por el gobernador Jaque, está el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, alejado de la dupla elegida para representar al justicialismo, que dio la bendición junto al Gobernador para que el proyecto saliera a la luz a través del ministro de Hacienda.

Es precisamente a Cazabán hacia quien apuntan todos los dardos y desde todos los flancos. ¿Por qué ahora? ¿Tal vez porque debió bajarse de la candidatura y ahora quiere manchar la fórmula? Éstas son las preguntas que retumban en algunos despachos de Casa de Gobierno.

Pero no sólo las rencillas se mostraron en la plana mayor del equipo oficial, porque entre las líneas medias apareció el director de Rentas, Rodolfo Quiroga, a quienes varios del cuarto piso, allí donde se concentra el poder de decisión oficial, acusan de estar actuando corporativamente porque no es un funcionario político sino un hombre de carrera que deberá volver a su puesto en la DGR apenas termine la gestión y teme precisamente al rechazo de sus compañeros. Además, lo ligan al jefe asesores de Jaque, Raúl "Perruco" Leiva, antes aliado de Cazabán y hoy fuertemente enfrentado al ladero del Gobernador.

También salen a la luz las suspicacias sobre quién se quedará con el meganegocio y ahí se pone bajo la lupa a hombres clave de Hacienda y hasta al propio Cazabán. Pero lo cierto es que desde el cuarto piso aseguran que hasta el momento ningún oferente local se ha mostrado interesado en comprar los pliegos y sólo se han acercado firmas de otras provincias.

A quien también apuntan los detractores a nivel político del proyecto es a Cerroni. Concretamente, opinan que el ministro está lanzando esta iniciativa sin importarle el momento porque ha sido tentado con un cargo a nivel nacional y aprovecharía la revuelta para alejarse definitivamente.

Esto es desmentido por el aludido pero se sabe que el ofrecimiento está en pie y se trata de un puesto clave en la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía de la Nación, a la que aún no ha comunicado la negativa. Quienes lo conocen bien aseguran que no se va porque siente un gran compromiso con el Gobernador, aunque su deseo es alejarse.

Los más molestos son los candidatos que se ven a los gremios venirse encima y no saben bien para dónde disparar.

"Tanto Ciurca como yo hemos manifestado al Gobernador y al ministro de Hacienda que creemos que si bien es real que la provincia ha crecido en términos económicos, debe discutirse una política fiscal más abarcativa, que no solamente implique la tercerización o la no tercerización. Tiene que haber un análisis más profundo", soltó este jueves el ministro de Infraestructura y cabeza de la fórmula oficialista.

Mientras, los gremios prometen dar batalla y amenazan con ir a la Justicia, movilizan cámaras de comercio para que se sumen al rechazo a la iniciativa y piden mayor compromiso por parte de la Fiscalía de Estado para frenar la iniciativa. Es más, el rechazo al proyecto salió la semana pasada desde la misma Legislatura, cuando hasta el propio oficialismo de la Cámara de Diputados votó un proyecto solicitando que no se avance con la idea.