Los proyectos contemplaban a las Unidades Turísticas Fiscales de Arroyo Lobería, Playa Dorada, Arroyo Seco II, Santa Isabel, Punta Cantera II y Punta Cantera IV-V. Las concesiones establecían períodos de entre 15 y 20 años, con diferentes montos de inversión y canon.

Si bien los expedientes contaban con despacho de las comisiones correspondientes -Turismo, Legislación y Hacienda-, apenas se pusieron en tratamiento las propuestas, el oficialista Héctor Rosso solicitó la vuelta a comisión.

La Unión Cívica Radical se negó al pedido ya que, según argumentó Nicolás Maiorano, el bloque había solicitado más tiempo en las comisiones y esto fue negado por el oficialismo. El radical pidió “argumentos más precisos” y especuló con que podía deberse a presentaciones judiciales por parte del actual concesionario de Arroyo Lobería (Manantiales) por la no inclusión de un derecho de preferencia especial en el pliego y por el planteo de municipalización del servicio de seguridad en playas expuesto por la Unión de Guardavidas Agremiados.

El titular del bloque de AM, Diego Monti, aseguró que había un pedido de informe solicitado al Procurador municipal y ante la falta del mismo es que hacían el pedido. Con el voto negativo de la UCR y el PRO, los 6 expedientes volvieron a las comisiones para continuar su análisis.