De esta manera, la Comuna busca, por un plazo de 36 meses, la prestación del servicio de vigilancia proporcionado por 65 videocámaras. Dicha medida fue adoptada –tras la puesta en marcha del Plan de Seguridad Ciudadana por parte del gobierno nacional- a lo largo de las localidades del conurbano bonaerense, dando respuesta a los reclamos sociales, pero también permitiendo el surgimiento de un formidable negocio de cientos de millones de pesos.

En medio de este panorama, Mar del Plata no parece ser la excepción: a pocas horas de la apertura de la polémica licitación, representantes del Foro Municipal de Seguridad y de la agrupación "Vecinos Autoconvocados por la Inseguridad" ya sospechan de "sobreprecios" en el proceso licitatorio y analizan seriamente la posibilidad de plantear su nulidad.

Mientras tanto, desde la ONG Familiares Víctimas del Delito hablan de "desprolijidad" en la utilización de los fondos provistos por Nación y Provincia para ser invertidos en materia de seguridad.

"COMPRAR LAS CÁMARAS SERÍA MÁS BARATO Y UN PROYECTO A LARGO PLAZO"

En diálogo con 0223.com.ar, Cristian Curzio, miembro del Foro de Seguridad de la Comisaría 1ra., afirmó que para ellos representa "una locura" que el presupuesto oficial para la adquisición de los dispositivos sea de casi $ 6 millones.

"Igualmente, planteamos la compra del material y no la contratación de un servicio porque, incluso, el convenio que ellos firmaron con la Nación habla de la adquisición y no de la contratación de un servicio y eso es lo que más nos preocupa: dentro de dos o tres años, cuando se venza la contratación, volvemos a foja cero", advirtió.

En ese sentido, insistió en que "el Municipio debe comprar el equipamiento y administrarlo para que el manejo de la información lo haga la Comuna y no una empresa privada", y remarcó: "Comprarlas sería mucho más barato y sería un proyecto a largo plazo".

En relación a los costos del sistema, dijo que desde el sector se interiorizaron en la calidad del servicio que se prestan en otros municipios y sus costos, motivo por el cual consideró que "$ 6 millones para 65 cámaras es mucha plata comparado con otros municipios como Berazategui o Lomas de Zamora, en donde han invertido mucho menos plata y tienen más cámaras".

"Aparte –añadió- fueron adquiridas y el sistema que utilizan fue instalado por el departamento de Informática de cada Comuna, algo que General Pueyrredon no tiene y tampoco se le da bolilla. Es decir, usaron su propio recurso humano y no trajeron gente de afuera. En el pliego ni siquiera está pautado quién va a manejar o quién va a pagar el personal que haga el monitoreo".

Asimismo, opinó que "el tema de las multas o sanciones para la empresa en caso de incumplimiento es una risa, no compensa el servicio que pretendemos nosotros", mientras que admitió tener "dudas sobre cómo se distribuyeron las cámaras".

"Justamente hoy (por este lunes) estuvimos reunidos con la gente del hospital Interzonal y ellos nos manifestaban que, al ser una zona provincial, no estaban contemplados dentro del plan de seguridad, motivo por el cual estaban haciendo gestiones para que se coloquen videocámaras en ese sector. Es una pena que, siendo el HIGA es un pueblo dentro de una ciudad por la cantidad de gente que transita ese lugar y el grado de conflictividad que hay, ni siquiera se considere la posibilidad de poner una cámara ahí", cuestionó.

Más adelante, Curzio destacó que "en el pliego figura una Comisión Asesora que no sabemos si ya existe y quiénes la integran" y aclaró: "Nosotros queremos conformarla y que escuchen nuestras propuestas".

"El uso de las partidas no es claro, está en una nebulosa", dijo, y ejemplificó: "Todavía no sabemos cuánta plata se lleva Prefectura, cuántos efectivos son ni qué servicio prestan; nunca pudimos saber cuál era el resultado costo – beneficio porque no hay un control por parte del Municipio".

Por último, teniendo en cuenta la cantidad de dudas que giran en torno a la licitación, anticipó que "en las próximas horas vamos a hablar con nuestros abogados qué posibilidad hay de impugnarla o hacer alguna observación".

"GASTAMOS UN DINERAL Y ESTAMOS MUY LEJOS DE LO QUE TENDRÍA QUE SER"

Por su parte, Walter Ananía, integrante de la ONG Familiares Víctimas del Delito, dijo que en la entidad se ocuparon de "profundizar en la cuestión" y descubrieron que "por $ 40 mil o $ 60 mil se puede conseguir un servicio similar; inclusive, la empresa Telefónica hablaba de algo más de $ 40 mil".

En ese marco, aseguró que "siempre se le dijo al Secretario de Gobierno, Ariel Ciano, que las licitaciones se deben hacer con un estudio previo realizado por una repartición oficial que se encargue de definir o evaluar presupuestos y, en base a eso, determinar los montos de la licitación porque, de lo contrario, se corren riesgos de estar pagando montos superiores a los valores reales".

"Si las cámaras valen $ 40 mil y el valor oficial que proponen es de $ 100 mil, están $ 60 mil por debajo y estarían ganando un 50% más. Si no se hacen las cosas con mucho detenimiento, con extrema prolijidad, la plata se va muy rápido y eso va en contra de la buena administración; ya con esto se está yendo casi la mitad de la plata que envió la Nación el año pasado, plata que no nos regalaron, sino que pagamos todos nosotros a través de los impuestos", advirtió.

Y subrayó: "Si gastan $ 90 mil por cámara, tendrán que justificar que sean increíblemente superiores a aquellas que valen $ 40 mil".

Más allá de ese planteo, Ananía aseveró que "65 cámaras no alcanzan para nada porque tenemos casi 100 cuadrículas y deberían ir cuatro cámaras por cuadrícula, o sea, no alcanza ni para poner una por cuadrícula". "Estamos al 15% de las que tendrían que instalarse, entonces terminamos gastando un dineral y estamos muy lejos de lo que tendría que ser; son cosas que suenan raro".

En otro párrafo, se refirió en duros términos al accionar de las autoridades municipales ante la emergencia en seguridad. "Vemos que hay lentitud en todas las cosas. Ellos dicen que cuando más prolijo lo quieren hacer, más tiempo lleva alcanzar la transparencia absoluta, pero yo creo que si hay buena voluntad, la transparencia está sin necesidad de esperar tantos meses", indicó al respecto.

Además, también hizo hincapié en "la falta de comunicación" del intendente Pulti y las instituciones abocadas a la búsqueda de soluciones ante el delito. "Nunca fuimos muy consultados por la Municipalidad, no nos sorprende realmente, pero lamentablemente siempre nos dejan enganchados a cosas con las que no estamos muy de acuerdo, como es el caso de la Auditoría Ciudadana. Es evidente que esta gestión tiene muchas dificultades", deslizó.