Los municipios bonaerenses podrán disponer, para uso oficial, para cederlos a instituciones de bien público o para ser subastados, de los vehículos que fueron abandonados por sus dueños y no fueron reclamados en un plazo de 180 días. La medida está contendida en un proyecto del diputado sciolista Iván Budassi, que el jueves pasado fue convertido en ley por la Cámara de Senadores provincial. El nuevo marco normativo parece entusiasmar a las autoridades locales, que evalúan la posibilidad de avanzar sobre una buena cantidad de vehículos “abandonados” en el galpón de secuestro municipal.

A través de diversas variantes, el municipio ya venía intentando alternativas que permitiesen descongestionar eventuales “saturaciones” o “superpoblación” en el galpón y playa de secuestro ubicado en Corrientes 60, donde permanecen en custodia los vehículos removidos de la vía pública tras la detección de diversas infracciones.

Según informaron a EL NORTE desde la subsecretaría de Ordenamiento Urbano, en esa dependencia municipal había en la mañana de ayer 1.238 vehículos (1.211 motos, 17 autos, 8 camiones y 2 cuatriciclos) y la mayoría de ellos permanecen allí desde hace más de 180 días, en virtual abandono.

Con la nueva normativa provincial como marco legal, el municipio podría avanzar ahora. Antes de la existencia de la reciente ley, la situación era más compleja: el municipio necesitaba de una resolución del Juez Municipal de Faltas con sentencia favorable, para pasar los vehículos a la Municipalidad, pero recién después de un año de estadía en el galpón de secuestro.

Budassi

“Se trata de solucionar los inconvenientes que generan los automóviles secuestrados por infracciones de tránsito, como así también aquellos rodados que se encuentran en estado de deterioro o abandono en lugares públicos como calles, rutas o parques”, indicó a la agencia de noticias DIB el diputado Budassi.

“Además, lo que la norma establece es un procedimiento para no afectar los derechos de los propietarios de los vehículos secuestrados antes de disponer de ellos, como las garantías necesarias para que los nuevos adquirentes de estos vehículos puedan efectuar sin problemas la transferencia a su favor por intermedio del Registro de la Propiedad Automotor”, agregó el autor e impulsor del proyecto ahora convertido en ley.

A su vez, la nueva norma permitirá a los municipios compactar y disponer de aquellos vehículos que no sean aptos para rodar, los que en la actualidad representan un serio riesgo ambiental para los municipios.