Los empleados de la administración pública municipal de Esteban Echeverría que realicen trabajos considerados “riesgosos” para su salud percibirán desde febrero y retroactivo a septiembre de 2010, un adicional del 20 por ciento del sueldo básico a modo de resarcimiento. Así lo determinó por unanimidad el Honorable Concejo Deliberante (HCD) local. La oposición acompañó el proyecto pese a que sospecha que podría tratarse de un régimen encubierto de “premios y castigos”, así como ocasionar una “andanada” de demandas por el lucro cesante.

La medida fue implementada mediante la modificación de dos artículos de las ordenanzas 7764 y 7776, de 2010, correspondientes al Presupuesto de este año, a pedido de la Secretaría de Hacienda. Pese a que formularon algunos reparos, miembros de la minoría cuestionaron en el recinto que la adaptación remitida no estaba “debidamente detallada” sobre los alcances. Así, indicaron que podría generarse una suerte de línea de abolengo por la cual sólo algunos empleados municipales percibirán el beneficio, según la discrecionalidad del riesgo en su desempeño.

En esa tónica, la presidenta del bloque vecinalista Marta Mangas adujo que, a instancias de que esos “compañeros merecen una mejora salarial, mi preocupación es qué significa ‘tareas riesgosas ¿Está contemplado el Hospital (municipal Sofía Santamarina)? ¿Quines son estas personas: los que manejan los residuos patológicos, el personal de vigilancia, los que sacan sangre? Subir a limpiar un tanque a 8 metros ¿Está considerada tarea riesgosa?”

Por su parte, el edil del unipersonal Unión Celeste y Blanco, Fernando Suosa, puso el énfasis en aclarar “una puerta que dejó abierta Mangas: Aparte de la cuestión de los premios y castigos, si estamos reconociendo hoy un aumento salarial que es valido y corresponde por tareas riesgosa, y esa persona lo desarrollo de la misma manera en años anteriores sin el beneficio, tranquilamente se vendrá una catarata de juicios (al Ejecutivo), reclamando por lo que les correspondía y hay que ver si el presupuesto de nuestra Secretaría de Hacienda está apto para poder cumplir con las demandas”.

Antes de votar por la afirmativa al igual que el resto del cuerpo, el peronista disidente hizo hincapié en que “estamos ante una disyuntiva: pagamos lo que corresponde o dejamos una puerta abierta a una andanada de demandas judiciales. Porque las van a ganar, hoy o mañana, pero lo van a ganar”, especuló.

El Hospital del Bicentenario, más cerca

La otra parte de la breve jornada parlamentaria, la primera en período extraordinario de 2010, se trató un pedido del intendente Fernando Gray para ceder al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) 120 metros de la calle 9 de Julio al 300, de Monte Grande, en donde se emplazará parte del Hospital del Bicentenario echeverriano. En este caso, sólo una fuerza planteó su disidencia.

Se trata de la Coalición Cívica, que desde la presentación del proyecto cuestionó la localización del centro de salud en esas dos manzanas, originalmente pertenecientes a un emprendimiento frigorífico y luego, anunciadas como próximo parque público. Además, uno de los referentes de la fuerza, el coterráneo diputado provincial Walter Martello, elaboró un reciente informe en el que consideró “exagerado” el costo de su construcción.

Su representante en el HCD, Patricia Gramajo, argumentó que por “coherencia con lo que hemos votado en estos últimos años, no voy a acompañar la desafectación de esta clase. E ironizó que le pareció “bien que el Departamento Ejecutivo envíe al HCD la desafectación de una calle, como una de las tantas funciones que tenemos, ya que nos quitó el poder de nombrarlas”.

El vecinalista Pablo Losada, por su parte, repasó la historia de la demolición del matadero y especificó que el espacio que integra acompañaba la iniciativa por “no poner palos en la rueda”.