"El problema de acceso a la tierra ya no es propio de los sectores populares, sino también de los sectores medios, si no hay una intervención pública sobre el mercado inmobiliario y el suelo, no vamos a poder solucionar el problema de la vivienda y del hábitat. El cual es mucho más complejo y multidimensional que solamente construir casitas, que hasta ahora nos sirvió de poco, y a pocos llegamos”.

Las aseveraciones corresponden a Eduardo Reese, Sub-administrador del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, al hacer referencia a las cualidades que se sustentan en la actualidad en razón del déficit habitacional que afronta nuestro país.

Su disertación se enmarcó en torno al "1º Encuentro para la Construcción Federal de Consensos de Hábitat Popular" que se llevó a cabo en la jornada de ayer en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de la provincia y en el cual, además, se analizaron temas atinentes a marcos normativos, de ordenamiento territorial, sistemas integrales de política dominial, tópicos que mantienen una vinculación directa con el panorama abordado.

Precios obscenos

En su alocución, Reese sostuvo que la problemática de la tierra en Argentina es compleja y paradojal, pues si bien a lo largo de los últimos ochos años se registraron mejoras en los indicadores sociales y económicos, "la informalidad del acceso a la tierra se mantuvo muy alta y no bajó, es más, en algunos lugares empeoró. Esto muestra que la explicación de que la pobreza era la principal causante de la informalidad del acceso al suelo es solo una explicación parcial", remarcó.

Al respecto, el urbanista consideró que la accesibilidad a suelos para concretar un estilo de vida y hábitat, acarrea un grado de conflictividad muy alto, pues, añadió, todo depende "de cómo se comporta el mercado inmobiliario, porque en la Argentina pagamos precios obscenos del suelo, de tierra, lo que cuesta un terreno en Argentina es carísimo para cualquier sector social".

A modo de ejemplificación, el responsable de llevar a la práctica en Buenos Aires un proyecto de Ley de Hábitat Popular, graficó que en la región metropolitana de dicho distrito se paga un lote aproximadamente un 30 por ciento menos a lo que se cotiza un lote en las mismas condiciones de infraestructura en la ciudad de Bostón (Estados Unidos). "Es vergonzoso que suceda esto. Eso explica la lucha y los conflictos que se suscitaron en los últimos años".

Entre otro de los factores que imposibilitan el acceso a las tierras por parte de los sectores sociales mayoritarios, el especialista focalizó en las trabas que las normativas urbanísticas, de transacción y tramitación tienen en el país. Por tal motivo, "tenemos una política urbanística dirigida sólo a los que la pueden pagar, nuestras normas urbanas van dirigidas solamente al 30 por ciento de la población. Hay que replantear qué tipo de política urbana estamos haciendo, la política pública bajo un argumento tecnicista conspira contra la posibilidad de que los sectores populares puedan acceder a la tierra", señaló.

Para complementar su idea, Reese, indicó que "la legislación urbana en Argentina opera sobre un supuesto falso, basado en que el conjunto de la sociedad es homogéneo y que puede cumplir con sus obligaciones pecuniarias o administrativas y no es así, porque cumplirla sale carísimo. Es la propia lógica elitista urbanística la que acelera el proceso de informalizacion de los sectores más pobres".

En este orden, elevó las estimaciones desarrolladas en un informe del Banco Mundial, donde se concluyó que nuestro país es la segunda nación, luego de Uruguay, más cara en América Latina en lo que refiere a tramitaciones de propiedad.

Así también , el arquitecto criticó la metodología de planificación que se instrumentó y continúa realizándose al momento de elaborar estrategias de urbanización. "En los países centrales, la lógica de construcción de la ciudad es: primero urbanizo, después ocupo, por lo tanto, las ciudades en los países centrales, crecen densas, con infraestructura compleja. En cambio, la lógica en nuestras ciudades es: primero ocupo y después urbanizo, por lo que el proceso de producción argentina es completamente distinto, contradictorio. Hay un divorcio absoluto entre el planeamiento urbano, la gestión tradicional de la ciudad y la realidad con la cual se construye la ciudad", argumentó.

Ciclo de marginalidad

Las objeciones de Reese recayeron nuevamente en la elaboración de las estrategias oficiales en materia habitacional, déficit que conlleva la proliferación de acciones ilegales a través de las ocupaciones de terrenos.

"Es imposible que las políticas de vivienda den abasto cuando desde lo público se incrementa cada vez más la informalidad. La política pública es una maquinaria de construir más informales que a su vez genera más pobreza, porque en la informalidad todo es mucho más caro".

Para explicar su tesitura, el funcionario bonaerense expuso que "no es cierto que los pobres van a vivir a la informalidad porque es más barato, lo hacen porque es la única salida que tienen, los servicios son más caros, hasta conseguir laburo es más caro, porque los sectores populares deben ir a vivir en un barrio decente para que les den trabajo. La informalidad no es el refugio de lo barato, es carísimo vivir en ella y por lo tanto cuanto más caro es, más fortalecemos la pobreza y la exclusión del mercado formal".

A su vez, remarcó que con el crecimiento de una ciudad quedan relegados "vacíos especulativos" (terrenos sin ocupar) donde el Estado contribuye asimismo con la provisión de servicios públicos "donde unos pocos señores y especuladores se benefician con el esfuerzo e impuestos del conjunto de la sociedad", advirtió.

Indicó que tal situación es insostenible en términos ambientales (porque se consumen áreas rurales y productivas para urbanizar), económicos (los municipios no pueden hacer frente al financiamiento de grandes extensiones para el desarrollo urbano) y social "porque el proceso especulativo produce un incremento en los precios del suelo que hace que los sectores más pobres cada vez tengan que ir mas afuera y lejos a buscar suelo", caracterizó.

Finalmente, Reese contextualizó una propuesta legal para fomentar el hábitat popular en conjunto con la necesidad de "romper la lógica de reproducción permanente de ciudades cada vez más extendidas, caras y peores para los pobres, por ello la proposición es modificar estructuralmente el marco jurídico, regulatorio y operativo actual", estimó.

Evidencias del fracaso oficial

“Debe pensarse que cuanto más programas de regularización dominial necesitamos, más evidencia tenemos que la política oficial fracasa, hay que cuestionarse esto. Las políticas de regularización son remediables, imprescindibles, pero curativas, operan cuando el problema ya está. Nuestra responsabilidad es tener políticas preventivas de la informalidad, de la toma, de la ocupación. Es necesaria la regularización, pero la única manera de ir adelante es que junto con los programas de regularización haya programas activos de intervención del Estado en el mercado de suelo, en los procesos de construcción de ciudad y en los procesos de desarrollo humano”.

Especulación por la tierra

“Claramente el mercado está especulando y reteniendo tierra, este proceso de especulación lo que hace es subir los precios porque crea una situación de desabastecimiento. Un señor compra, acapara tierras, las saca del mercado, crea una situación de escasez y a partir de ella se enriquece.

Nosotros no discutimos la cuestión de la tierra en la Argentina y no es casual, porque las familias dominantes del país, su fortuna, la produjeron con la tierra, por lo tanto esto no se discute. El estado debe romper la lógica de suelo del mercado inmobiliario basado en la oferta del otro”.