El diagnóstico de la administración Vidal es lapidario: “no hay un solo contrato de provisión de bienes y servicios que funcione de manera eficiente”, “el entramado normativo provincial es muy antiguo y no está adaptado a los tiempos que corren”, “los plazos actuales de las licitaciones son inviables: 6 meses para bienes y servicios y entre 9 y 11 meses para obra pública”, son algunas de las consideraciones.

Es con este fin que el gobierno busca el dictamen favorable (que ya tiene media sanción) de la declaración de la Emergencia Administrativa y la ejecución de un Plan Estratégico de Modernización.

Desde el Ejecutivo trasladaron los principales lineamientos de las dos iniciativas que el Gobierno presentó ayer al Senado, que tienen como ejes la modernización, a través de las nuevas tecnologías, la búsqueda de transparencia y de participación ciudadana.

En cuanto a la Emergencia Administrativa, fuentes del Ejecutivo explicaron que el proyecto de ley que se envió a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires establece “procedimientos céleres y agiles, con el foco puesto en la provisión de bienes y servicios necesarios para poner en marcha la provincia” por el plazo de un año. En paralelo, el Gobierno buscará impulsar “cambios normativos que son el puntapié inicial del plan integral de reforma de la gestión pública”.

Uno de los puntos que más miradas se lleva es el de la digitalización de trámites que hoy se manejan en papel. “Se registran cientos de miles de expedientes por mes, algunos se hacen en carretilla, situación que lentifica cualquier proceso administrativo”, afirman.

Con ese marco, buscarán “establecer un procedimiento eficiente y ágil para garantizar la provisión de bienes y servicios, sin alterar los principios básicos de las compras públicas”.

El nuevo esquema tiene dos ejes preponderantes: “Transparencia y Publicidad”, con la publicación de todo procedimiento en el Boletín Oficial y en la página web del ministerio y la notificación a las cámaras que se hayan adherido. Además, prevé que, antes de la adjudicación, intervengan organismos de control con apenas tres días de plazo.

También establece la “Libre competencia, igualdad y concurrencia”, para lo cual se solicitarán 3 ofertas, y también se aceptarán las que surjan espontáneamente, dado que se garantiza la publicidad de los procedimientos.

Además de la emergencia administrativa, Vidal busca impulsar la “emergencia tecnológica”, que, por su gravedad, demanda una “declaración exclusiva” para el rubro. El “Plan estratégico de modernización de la administración pública de la provincia de Buenos Aires” que acompaña la emergencia, por su parte, consta de tres ejes: primero, un “Sistema de Gestión de resultados”, que incorpore “el concepto de previsibilidad a la gestión de gobierno que incluye, además, una vinculación a la formulación presupuestaria”, y que incluirá la modernización del sistema de consultas, la creación de una ventanilla única de trámites, la apertura de datos y un sistema de participación ciudadana.

También prevé un plan de incorporación de tecnología para los servicios de la administración, que se implementará a través de la “Sede electrónica” y que incluirá la “Firma electrónica y digital”, la “digitalización de documentos y procesos administrativos” y las “compras electrónicas” que, afirman, redundará en garantía de “eficiencia, la transparencia y la reducción de los plazos de tramitación”.