El Ombudsman, Jose Gialluca informo que las cinco o seis personas, todas ellas mujeres que se encontraban cortando la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del barrio Namqom, decidieron levantar esta medida de fuerza irracional y extorsiva que venían llevando adelante.

Dijo que fue muy importante en todo esto el trabajo de información, disuasión y los espacios de dialogo que se crearon a partir del IPV y otros referentes del Estado Provincial, pues se continuaran la semana que viene con todas las acciones necesarias de manera que los pedidos queden bien en claro, puesto que lo acordado oportunamente con los referente de cada grupo se viene cumpliendo tanto en lo relativo a la primera etapa de la obra de 38 Viviendas que se construyen en el Lote 33, donde existe un importante grado de avance de las mismas al punto tal que 8 ya han sido entregadas y posteriormente se continuara con la segunda etapa pero para ello ? se debe respetar que si se pidió en un primer momento la iniciación de etapas en virtud de la asignación de cupos y dentro de los cuatro (4) integrantes de la misma Comisión "Ad- Doc" formada al efecto el ciudadano González, Gabriel fue el primero en asignarse una vivienda, para utilizar luego posteriormente a su hermana Rafaela González, quien con total conocimiento de causa era una de las pocas personas que se encontraban en el corte.

El Ombudsman Provincial, señalo que la Defensoría del Pueblo acompañara todos los espacios de dialogo existentes a partir de la semana entrante, como una medida de prevenir que se produzcan futuros cortes de rutas, ya que no debemos perder de vista que el interés superior que debe primar en estas cuestiones es el de la libertad de circulación, y por otro lado, que no existen derechos absolutos y por lo tanto el Estado Provincial y Municipal vienen cumpliendo dentro de los plazos previstos por sus obligaciones y de no respetarse los mismos, seremos nosotros quienes concretaremos las exhortaciones pertinentes a los Organismos Públicos correspondientes, puesto que este tipo de protesta ilegitima no puede impedir servicios esenciales como el de Educación, Salud Pública, el libre Tránsito y la Seguridad de todos los ciudadanos.