Fue anticipado por Los Andes, en su edición del pasado 22 de noviembre y mañana, durante un acto en el sector San Felipe, se dará a conocer, en forma oficial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, decidió el levantamiento de las medidas provisionales impuestas hace seis años después de que la violencia intracarcelaria trascendiera los límites de los altos muros de piedra, la provincia y llegara hasta los organismos internacionales.
Esa situación motivó la presentación de algunos informes sobre la situación puertas adentro del penal más viejo de la provincia y también sobre la colonia de Gustavo André, donde se hablaba sobre las inhumanas condiciones de detención, habitabilidad y seguridad.
El informe hace referencia en extenso al "mejoramiento" de las condiciones de los internos y así evitar el hacinamiento. Esto en referencia no sólo a la habilitación del nuevo penal de Almafuerte, sino también a la separación de internos en distintos complejos como el San Felipe y la habilitación del penal para mujeres, entre otros.
También fueron resueltos en forma favorable los hábeas corpus, que ordenaron las medidas correctivas para salvaguardar en todo momento la integridad física y psíquica de los internos alojados en el pabellón 3.
En otro orden, también se hizo mención a la intimación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo al Estado Nacional, para que, en un plazo perentorio (se le dio 20 días), se adoptaran las medidas que "pongan fin" a la situación que se vive en las unidades carcelarias de la Provincia de Mendoza, mientras que la Suprema Corte mendocina, también intimó al Ejecutivo para que elaborara un plan de "trabajo anual e integral" que contemple la reparación o sustitución de las instalaciones de la cárcel de Boulogne Sur Mer.
En el escrito el Tribunal internacional también reconoce que "el alivio y corrección de la situación planteada en las penitenciarías de Mendoza es proceso a corto, mediano y largo plazo, que requiere de un conjunto de acciones por parte de autoridades federales y provinciales, de carácter administrativo, judicial y legislativo, dirigidas a subsanar las condiciones carcelarias y de detención".
Finalmente, se hace referencia a que "independientemente de la existencia de medidas provisionales específicas, el Estado se encuentra especialmente obligado a garantizar los derechos de las personas en circunstancias de privación de libertad".
La novedad, según trascendió, será dada a conocer durante un acto que se desarrollará este martes en el Complejo San Felipe, en los fondos de la cárcel de Boulogne Sur Mer.
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