Por 24 horas mujeres y niños se apostaron en casas de un barrio del IPV en Carrodilla. Inclusive, los familiares de los okupas cortaron el Acceso Sur por dos horas este martes. Al final del día, el intendente Parisi y el ministro de Infraestructura pautaron una reunión para evaluar la situación este miércoles.
Hartos de esperar por una vivienda en condiciones de ser habitada, vecinos de los barrios Los Alerces, Unión y Fuerza, Soberanía y Los Nogales que viven en condiciones de hacinamiento tomaron el barrio ubicado en Paso y Terrada. En su mayoría mujeres y niños concretaron la toma en las casas que se extendió hasta las 23 de este martes.
Ante esta situación, el Gobierno y la Justicia enviaron emisarios para desactivar el conflicto. La fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos pidió que los okupas abandonaran las casas del IPV antes de las 17 pero eso no sucedió, incluso unos 50 familiares de los ocupantes se desplazaron hasta el Acceso Sur y lo cortaron por casi dos horas. Recién a la noche el predio quedó desocupado.
Los emisarios del Gobierno y la Justicia
Por el Ejecutivo acudió al sitio de la toma Nidia Martini, del ministerio de Desarrollo Social, también apareció el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, quien advirtió a los usurpadores: "O se van o los vamos a desalojar". Y el fiscal Juan Tichelli, de la Oficina Fiscal 13, fue quien se hizo cargo de la causa, que en principio tiene como eje el delito de usurpación.
Aranda mandó a la infantería a rodear el predio, donde llegaron dos camiones con uniformados y se ubicaron a razón de uno por metro. Allí se mantuvieron todo el día.
En medio del conflicto, Tichelli aseguro que "por ahora" no imputara a nadie e intentarán que los usurpadores vuelvan a sus casas, mientras el gobierno gestiona una solución habitacional. La fiscalía pretende relevar en el lugar cuántas son las personas que protagonizan el conflicto pero no tienen personal para hacerlo.
Los vecinos reclaman una solución a su situación habitacional y habían afirmado que no se retirarían del lugar hasta tener un compromiso firmado de las autoridades provinciales, aunque finalmente cedieron.
Las casas que fueron tomadas están en construcción y pertenecen al Instituto Provincial de la Vivienda. Son de vecinos lujaninos a quienes un sismo en 2006 les afectó sus viviendas al punto de no ser seguras para vivir allí.
El ambiente estuvo caldeado hasta la tarde
Promediando la siesta, los ánimos de las mujeres que protagonizaron la usurpación -la mayoría de ellas estaba allí con sus hijos- se caldearon: sin comida ni agua resistieron pero se quejaron porque, aseguraron, los chicos tenían hambre y sed.
La idea de las autoridades, justamente, fue que esta condición desfavorable mellara el aguante de las señoras y desistieran de la toma. Cosa que no ocurrió. De hecho, pasadas las 16 más de 50 personas -familiares de las mujeres y niños que se instalaron en las casas del IPV- cortaron el Acceso Sur a la altura de calle Paso en Carrodilla. La mano que va hacia ciudad quedó totalmente interrumpida mientras que, en la otra vía, sólo pasaba un auto por vez.
Cinco móviles de la policía llegaron al lugar junto a uno de Gendarmería. Los uniformados desplegaron un operativo para contener a los manifestantes que se apostaron a unos cien metros del puente. Después de casi dos horas, los familiares levantaron el piquete.
La jornada fue avanzando entonces con una promesa de reunión con el intendente de Luján, el demócrata Omar Parisi, para el miércoles y la espera de una resolución de la Justicia de Garantías.
Después del piquete, los ánimos se calmaron y, finalmente, el conflicto se destrabó por la noche.
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