En medio de un clima tenso a raíz del fallo que absolvió a los 13 imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón, que terminó llevándose puesto al ex ministro de Seguridad, Mario López Herrera, la Legislatura tucumana sesionará el próximo viernes por última vez en el año.

Uno de los puntos que integraría el orden del día sería la modificación a la Ley de Ministerios, originada en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, retrotrayendo la conformación del gabinete y definiendo el regreso de la Secretaría General de la Gobernación, en reemplazo de la Cartera de Coordinación.

Precisamente, ese cambio en el organigrama fue resuelto por el gobernador José Alperovich tras la asunción de quien ocupaba el Ministerio de Coordinación, Jorge Gassenbauer, en Seguridad, para reemplazar a López Herrera, quien abandonó el cargo en medio de fuertes cuestionamientos por parte de Susana Trimarco, la mamá de Marita.

Ocupa desde ayer la recreada Secretaría General de la Gobernación Pedro Giudice, quien fue Fiscal de Estado entre 2008 y septiembre de 2011, cuando debió renunciar por las denuncias en su contra a raíz de una presunta maniobra irregular en pagos millonarios en perjuicio del erario público.

El DNU que establece cambios a la Ley de Ministerios obtuvo ayer dictamen favorable de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que además firmó un despacho habilitando el tratamiento de una modificación a la norma que define el sistema de conjueces. Esta última reforma permitirá a los vocales del Poder Judicial ser reemplazados por vocales de Cámara o por conjueces de la Corte Suprema de Justicia.

Resguardo a Cortalezzi

La comisión presidida por el alperovista Marcelo Caponio también dictaminó a favor de un proyecto que establece cambios al Estatuto de la Caja Popular de Ahorros (CPA), suprimiendo las pautas que no permiten que los legisladores puedan ocupar cargos de conducción en la entidad crediticia. Con esta medida, el oficialismo busca conjurar los planteos políticos y judiciales que realizó la Asociación Bancaria cuestionando la designación de Armando "Cacho" Cortalezzi, quien en octubre tomó licencia en la Cámara para asumir como interventor de la CPA.

Contrataciones directas

Otro tema que sería incorporado en el orden del día y que promete generar fuego cruzado entre oficialistas y opositores es un proyecto del oficialismo que autoriza al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a realizar una nueva contratación directa de obras, esta vez, para la construcción de viviendas destinadas a habitantes de los pueblos originarios.

Los fundamentos de la propuesta remiten al convenio firmado el 29 de noviembre entre la Nación y la Provincia en el marco del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales. Ese acuerdo tiene por objeto la ejecución de treinta y cinco viviendas nuevas, destinadas a habitantes de pueblos originarios, con sus respectivos equipamientos productivos. El artículo dos establece que las contrataciones deberán realizarse con empresas constructoras, cooperativas o comunidades de pueblos originarios organizados con capacidad para realizar este tipo de emprendimientos.

La construcción de las viviendas para los pueblos originarios se financiará con un aporte no reintegrable de 6,9 millones que enviará la Nación. El convenio oportunamente firmando prevé que las casas se distribuirán en León Rougés, San Pedro de Colalao, Taco Ralo y El Mollar. Los oficialistas justificaron la nueva excepción al régimen de contrataciones del Estado, que cuenta con dictamen favorable de la comisión de Hacienda y Presupuesto, en la necesidad de avanzar con los trabajos 60 días después de enviado el primer desembolso de dinero, ya depositado por la Nación.

Aún no está definido si los legisladores debatirán la ley que regulará al nuevo Pacto Social, por el cual los municipios tendrán garantizados los fondos para el pago de sueldos y ejecución de obras menores durante 2013, a cambio de ceder sus recursos de coparticipación a la Provincia. Lo que sí está confirmado es el tratamiento de la prórroga de la Ley de Emergencia Financiera, que declara la inembargabilidad de las finanzas públicas.

Para terminar de definir el orden del día, este mediodía se reunirá la comisión de Labor Parlamentaria, que también establecerá el horario para la convocatoria al recinto.