En cuatro semanas cuando Francisco Pérez jure como gobernador se cumplirán 1.440 días desde que Celso Jaque y su equipo ocuparon los despachos oficiales en el edificio de Peltier.

Con escaso aval legislativo y después de ocho años de administración radical, el equipo oficial debió librar una verdadera batalla en la Legislatura, que cajoneó casi la mitad de las intenciones del Ejecutivo para convertir en ley diferentes aspiraciones.

Así de 296 proyectos que se giraron a las diferentes cámaras, sólo 160 obtuvieron el visto bueno y se convirtieron en ley.

Contando los días hábiles que se vivieron durante la gestión de Jaque, en promedio el Ejecutivo mandó un proyecto cada cuatro días y poco menos de la mitad quedaron cajoneados.

Algunos se podrán reflotar sólo si el gobernador electo decide que así sea, esta vez con un escenario legislativo algo más favorable tras el recambio legislativo que se concretará en unos días.

En el 46 por ciento que quedó en cola de espera se pueden ver aspiraciones vitales para Mendoza como la creación de una empresa provincial de energía estatal, la defensoría del pueblo, la modificación de la ley de obras públicas, tres proyectos para regular la actividad de los magistrados y la adhesión a la ley de inversiones para bosques cultivados, modificaciones a la ley marco de Administración, Planificación y Regulación del Transporte Público de Pasajeros, la norma para fomentar el compre mendocino y la reforma del artículo 83 de la Constitución Provincial, entre otras iniciativas.

Entre el 54 por ciento de las leyes que obtuvieron el visto bueno hay normas vitales para el desarrollo de la provincia como la ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, la prohibición para abrir nuevas salas de juego y bancas, el régimen de atracción de inversiones y promoción del empleo, el estatuto del celador y diferentes acuerdos paritarios que le permitieron a Jaque gobernar con escaso conflicto gremial, en especial con el área educativa; la enmienda del artículo 221 a la Constitución provincial, fondos y pedidos de endeudamiento para construir escuelas y mejorar caminos, el porcentaje a destinar a los municipios del Fondo Federal Solidario que alcanzó el 30 por ciento, además de traslados de partidas y solicitudes para tomar endeudamiento y así cubrir los recurrentes déficits presupuestarios, entre otras cosas.

Entre los que quedaron sin tratamiento, también se pueden ver donaciones de terrenos, algunos para escuelas y otros para instituciones sin fines de lucro.

Ganadas y perdidas

Una de las batallas que perdió la Secretaría General de la Gobernación, con respaldo del Gobernador, fue la de los magistrados. A estos, en medio de un fuerte malestar del Ejecutivo con el Poder Judicial, se les intentó recortar viejos beneficios que los distancian cada vez más del resto de los estatales.

Pero está claro que la presión de ese sector pudo más y la modificación que establecía nuevas pautas para la feria judicial, la evaluación periódica de desempeño y de los aspectos psicofísicos de magistrados y funcionarios equiparados, así como establecer un tope al cobro de antigüedad por parte de los jueces, quedaron en alguna comisión de la Cámara alta.

Con los jueces, la administración jaquista vivió momentos de romance y de tensión máxima, que se plasmaron a través de fuertes cruces entre el superministro de Jaque, Alejandro Cazabán, y el jefe de la Corte, Alejandro Pérez Hualde.

Lo cierto es que quienes ganaron más en la pulseada fueron los magistrados, porque lograron que el Gobierno refinanciara sus deudas previsionales para lograr el pase a pasiva, el 82% móvil cuando se jubilen, el pago de viejas deudas y además quedaron enganchados a los incrementos salariales de los magistrados federales, lo que los ubicó en una situación de verdadero privilegio.

Otro de los grandes escollos que encontró Jaque fue la creación y puesta en marcha de la empresa provincial de energía. El gobernador electo, por aquellos momentos ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, anunció en 2008 que el Estado iba a crear una empresa que de manera mixta o 100 por ciento estatal se iba a encargar de administrar los recursos petroleros, la energía y, en caso de lograr su aprobación, la actividad minera.

Incluso, reveló en 2009 que estaba disponible el fondeo para la puesta en marcha y que sería de 1 millón de pesos. Pero nada de esto ocurrió porque bajo de sospechas de la oposición y escasa tracción del justicialismo en la Legislatura, el proyecto quedó dormido en la Cámara baja desde hace tres años.

La modificación de la ley de obras públicas que pretendió colar el Ejecutivo fue uno de los grandes escollos que interpuso la Legislatura.

Es que a poco más de ocho meses de los comicios de 2009, el justicialismo pretendió introducir una norma para que las obras menores no debieran pasar por el filtro de la licitación.

Argumentando que este procedimiento demoraba los plazos para comenzar con las obras, intentó que los cortes de cintas llegaran con mayor celeridad, a través de contrataciones directas.

La oposición vio rápidamente una maniobra para lograr inauguraciones en un período preelectoral, además de sospechar la digitación de las contrataciones, y lo rechazó de plano. El proyecto quedó pendiente en la Cámara de Diputados.

La creación de la Defensoría del Pueblo, una especie de referente que protegería a los mendocinos no sólo ante las empresas de servicios públicos sino también ante administradores privados, no logró ni siquiera la discusión de la oposición. Este proyecto nunca fue tratado.

Entre las normas que quedaron cajoneadas también se destaca la reforma del artículo 83 de la Constitución provincial.

Lo que se pretendía era que se convirtieran en públicos los votos, hoy secretos, de los senadores en las sesiones de acuerdo que se hacen para aceptar o rechazar los candidatos propuestos por el Ejecutivo para ser jueces y también para ocupar algunos cargos con rango constitucional como el director general de Escuelas o el superintendente de Irrigación. El oficialismo consideraba que esa condición de secreto amparaba a los legisladores.

Pero el tratamiento del proyecto, reclamado desde diferentes organizaciones civiles y algunas porciones del sector político, no tuvo aval y quedó entre los pendientes.

Sin embargo no todos fueron bochazos para el Gobernador, porque también hubo visto bueno para diferentes aspiraciones de la administración jaquista, incluso algunas que habían sido pretendidas por diferentes gestiones previos.

El ejemplo emblemático fue la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, una norma archidiscutida durante al menos 16 años, que sufrió embates de cámaras, empresarios, municipios y otros actores. Pero la norma que permitirá el desarrollo equilibrado del territorio mendocino está aprobada y fue uno de los primeros logros legislativos.

Otra norma que despertó fuerte revuelo y todo tipo de suspicacias fue la prohibición para abrir nuevas salas de juego y bancas. Por ésta el Gobierno debió defenderse de fuertes denuncias, incluso se lo acusó de contribuir a diferentes maniobras instrumentadas por los dueños actuales de casinos en la provincia o empresarios que pretendían extender el negocio del juego.

El régimen de atracción de inversiones y promoción del empleo fue una de las normas logradas que tuvo fuerte discusión.

Los escépticos dicen que no se logró demasiado porque la misma imponía descuentos sobre los gravámenes provinciales cuando son los nacionales los que dificultan la instalación de nuevas inversiones o la creación de puestos laborales.

Esta norma fue ideada por el ministro de Producción, Raúl Mercau, quien meses más tarde intentó introducir modificaciones pero esas sí quedaron pendientes en la Cámara baja.

Entre otras luces verdes que vio Jaque y le permitieron gobernar bajo escaso conflicto gremial, se lograron cientos de ratificaciones de acuerdos paritarios. El más beneficiado fue el sector de la salud aunque también hubo importantes subas para docentes y otros sectores de la administración pública.

Entre los pedidos de endeudamiento que logró Jaque hay una amplia gama de colores, porque algunos se destinaron a municipios, otros a cubrir déficits presupuestarios y otros para fondear obras de aguas y saneamiento a través de la reestatizada Aysam.