Los proyectos son enviados incluye una norma antimotines policiales, que plantea cesantía o exoneración de los policías que presenten conductas de insubordinación grave con desamparo a la población, y sanciones a los jefes que incumplan la obligación de mantener subordinados a sus subalternos. También incluye el control ciudadano de las fuerzas policiales, a través de un sistema de audiencias públicas en el que la sociedad podrá opinar sobre los oficiales de la Policía que sean propuestos para asensos.

El segundo proyecto consiste en la reforma del Ministerio Público y la creación de la Fuerza Policial Antinarótico (FPA), que estará manejado por el Fiscal General, mientras que la tercera iniciativa –que ya se viene tratando en la Casa de las Leyes- tiene que ver con la reforma del Código de Faltas para modificar la figura de merodeo y la sustracción de la facultad de juzgamiento que tienen actualmente los comisarios y los subcomisarios, transfiriendo dicho poder a autoridades del Poder Judicial.

Busso consideró que una vez aprobadas estas leyes, deberá venir la normalización de la Fiscalía General, con la designación del titular del Ministerio Público, hoy a cargo de la fiscal Adjunta, María Cáceres de Bolatti. El titular del bloque de UPC, pese a las críticas de la oposición y a la cautela policial sobre estos cambios, se mostró optimista de que las leyes puedan salir por “unanimidad”. “Hoy es la política lo que está bajo el reclamo de la sociedad, por lo que la oposición debería ver con buenos ojos estos proyectos que servirán para mejorar la seguridad”, dijo. Tras el discurso de De la Sota el sábado pasado en la Legislatura, la oposición centró sus dardos en la falta de “autocrítica” del gobierno provincial, luego del «narcoescándalo» y los saqueos del 3 y 4 D.

Senestrari acusa

El fiscal federal Enrique Senestrari aseguró que el gobierno de De la Sota no ayudó en la investigación que se sigue contra altos jefes de la Policía cordobesa por supuestos vínculos con una red de narcotráfico. «Hubo ataques contra mi apersona y contra la función judicial, y luego silencio. Pero nunca pasaron al otro lado del `mostrador`, para decir: `colaboramos con la Justicia y entregamos todo para que el caso se esclarezca», aseveró el fiscal. Senestrari aclaró que, hasta el momento, ha sido notificado «de un solo caso» en el que uno de los policías imputados «se encuentra suspendido (administrativamente) en sus funciones (policiales)» y agregó: «del resto no tenemos noticia de que hayan cambiado su situación laboral».