Con determinación, la Corte Suprema ratificó que los jueces no pueden ser removidos por el contenido de sus decisiones o sentencias. Como consecuencia, el 30 de octubre ordenó la restitución de Alicia Freidenberg en el cargo de vocal de la VI de la Cámara Penal.

La magistrada había sido destituida mediante un juicio político el 13 de enero de 2006 a raíz de las autorizaciones de traslado a la casa de un familiar que había concedido a un recluso (Julio Alberto Tolosa, condenado por el homicidio del remisero Luis Cisterna), que en una de esas ocasiones se fugó.

La Corte concluyó que el tribunal de enjuiciamiento de la Legislatura había removido a la jueza por simple discrepancia con la forma en que ella interpretó la Ley 24.660 (regula la ejecución de las penas privativas de libertad). Esta es la norma en la que Freidenberg se basó para autorizar los traslados.

"Del mismo modo que no corresponde al Poder Judicial reexaminar el juicio de naturaleza exclusivamente política que compete al tribunal de enjuiciamiento de la Legislatura, tampoco corresponde a este adentrarse en una causa judicial y en las funciones propias de la magistratura". Esto destacaron Claudia Sbdar y los camaristas Salvador Ruiz, Horacio Castellanos y Carlos Giovanniello (los tres debieron integrar la Corte). En minoría, Antonio Estofán votó para que fuera rechazada la acción de amparo promovida por Freidenberg.