El directorio del ente de control de los servicios públicos estaría integrado por tres conocidos alperovistas: Sergio Sánchez, Joaquín Ferré y Eduardo El Eter. También se aprobará la moratoria.
Dicho organismo, que fue creado con la sanción de una ley en 2011, todavía no fue constituido, por lo cual el Poder Ejecutivo enviaría los pliegos de tres candidatos a integrar su directorio. Se trata de los conocidos aleperovistas Sergio Sánchez, actual interventor del EPRET y administrador provisorio del ERSEPT, Joaquín Ferre (hoy defensor del pueblo adjunto) y Eduardo El Eter (ex interventor de la Caja Popular).
La "terna" propuesta por el gobernador José Alperovich es blanco de críticas de la oposición e inclusive sería resistida por algunos alperovistas
En el caso de Sánchez, su designación en el EPRET fue denunciada penalmente en la Justicia por la UCR debido a presuntas incompatibilidades, puesto que el funcionario tendría vínculos directos con la empresa EDET, a la que tendría que controlar.
Por su parte, Ferre afronta una causa en la Justicia Federal por el escándalo de la "polenta podrida", sobre presuntas irregularidades en la ejecución de planes sociales para desnutridos cuando integraba el área de Desarrollo Social.
En tanto, El Eter se fue de la Caja Popular por la puerta trasera, en medio del enfrentamiento entre el Gobierno y la Asociación Bancaria por el manejo de la entidad crediticia estatal, y terminó reemplazándolo Armando "Cacho" Cortalezzi.
En caso de confirmarse el jueves la integración formal y puesta en funciones del ERSEPT, quedará habilitada la aplicación de un nuevo tarifazo en el servicio de energía eléctrica solicitado por EDET.
Moratoria
Otro de los puntos del orden del día, que será definido este martes al mediodía cuando se reúna la comisión de Labor Parlamentaria, será el proyecto del PE para poner nuevamente en vigencia la moratoria impositiva que rigió hasta fines de diciembre. A diferencia del anterior plan de facilidades de tributos provinciales, en esta oportunidad se incorporarán al beneficio a las deudas por contribuciones a las comunas rurales.
El proyecto vuelve a poner en vigencia, hasta el 31 de julio del corriente, las condiciones establecidas por el "Régimen Excepcional de Facilidades de Pago" que rigió hasta fines del año pasado bajó las pautas previstas por la Ley 8.520.
La iniciativa del Poder Ejecutivo establece que podrán acogerse todos aquellos que no lo hayan hecho en anteriores planes de pago. Si se hubieran adherido en otras moratorias, esta vez sólo podrán hacerlo por deudas no ingresadas o no reconocidas anteriormente. Será por deudas que vencieron al 30 de enero pasado. Al tratarse de un restablecimiento del último régimen, los beneficios serán los mismos: es decir 80 por ciento por pago de contado; un descuento del 70 por ciento si se abona las facturas impagas hasta la finalización del año calendario y hasta un 50 por ciento en el caso de que el deudor decida abonar hasta en 60 meses.
El tercer punto del orden del día estará vinculado con reformas a la denominada "Ley del Vino", sancionada en la última sesión. Las reformas apuntarían a subsanar algunas objeciones realizadas por el Poder Ejecutivo tras la remisión de la norma para su publicación.
Rechazo opositor
Desde el Bloque Hipólito Yrigoyen, los radicales Federico Romano Norri y Roberto Sánchez anticiparon su voto en contra de sendos proyectos y apuntaron sus críticas a la decisión del alperovismo de normalizar el ERSEPT. "Nos parece una buena medida el cesar con la intervención, pero creemos que es una buena oportunidad para garantizar que ese organismo defienda a los ciudadanos y no a la empresa que presta el servicio. Vamos a proponer que el directorio sume a representantes de la oposición política y de las organizaciones que agrupan a los usuarios. Romano Norri y Sánchez pusieron la lupa en la posibilidad de que el ente sea normalizado con apuro sólo para justificar una suba de la tarifa eléctrica. "No es una buena señal. Los entes reguladores nacieron para controlar a las empresas y garantizar los derechos de los usuarios. Hay muchas cosas que discutir antes de aumentar las tarifas", plantearon.
En referencia a la decisión de fijar un nuevo plazo para la moratoria impositiva, los radicales insistieron con su prédica para que el Gobierno revise su política fiscal. "La contribuyentes están agobiados por la situación económica, de la que el oficialismo debe hacerse cargo. Hay inflación, recesión y una fuerte presión fiscal. No alcanza con hacer moratorias, sino con generar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de trabajo para comerciantes y productores", sostuvieron.
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