La iniciativa, enviada por el gobernador Gildo Insfrán, fue tratada sobre tablas en la sesión de ayer, presidida por Armando Cabrera. El proyecto fue convertido en ley con los votos del justicialismo, ya que el radicalismo pidió que el mismo sea enviado a comisión para un tratamiento más profundo y con la participación “de todos los sectores involucrados”.

El jefe de la bancada radical, Martín Hernández, dijo que la iniciativa “no es la solución definitiva al problema, ya que no sabemos qué cantidad de tierra y en qué lugar les van a dar a los pobladores. Nadie niega que haya buenas intenciones con este proyecto, pero no es la solución para todos”, aclaró. El justicialista Antonio Taboada explicó que primero se necesita la ley marco para poder luego hacer las mensuras y realizar la distribución de los predios.

El jefe del bloque del PJ, Agustín Samaniego, recordó que “el gobernador Insfrán es claro cuando sostiene que en Formosa la tierra es un bien social y que la tierra es para el que la trabaja”.

La ley sancionada declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble inscripto en el folio real matrícula 02-Matacos, propiedad de la estancia La Florencia, ubicada en la parte este de La Florencia, a unos 23 km de la estación Ingeniero Juárez, con una superficie de 30.000 hectáreas, formado por los lotes contiguos números 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35 y 36 de su respectivo plano, y comprende lo que más o menos resulte debido a las sinuosidades del curso del río Teuco o Nuevo Bermejo, para ser adjudicado a la población que reside en el lugar, integrada por campesinos, criollos, hijos, nietos y bisnietos de los primeros habitantes de la zona”.

En el segundo artículo, se autoriza al Poder Ejecutivo “a adquirir directamente el inmueble de referencia por el procedimiento establecido en el decreto ley 490/77 y, de no lograrse advenimiento de partes, a entablar la pertinente acción judicial de expropiación”.

En los fundamentos, el Gobernador señaló que de los antecedentes de estas tierras “surge que los pobladores viven y desarrollan sus actividades en el lugar mencionado, lo que es acreditado con informes de distintos organismos públicos, ya que el Estado provincial, en el marco de su política social, ha construido escuelas, salas de primeros auxilios, destacamentos policiales, delegaciones de Registro Civil y obras hídricas, entre las más notorias”.

También mencionó que “las respectivas familias requieren al Gobierno provincial protección de sus derechos, ya que se sienten amenazadas en la tranquilidad y paz social, generando la posibilidad cierta de ser desalojadas con motivo de los conflictos suscitados, según refirieron, hace varios años, con los propietarios de La Florencia, hechos de público y notorio conocimiento y que incluso han tenido repercusión nacional e internacional”.

Quebrachito

Por otra parte, la Legislatura aprobó anoche un proyecto del Ejecutivo por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación unas 12 hectáreas de tierra ubicadas en el barrio Quebrachito de esta ciudad. Este proyecto de ley se aprobó en forma unánime, con los votos del PJ y la UCR, y de esta forma se dio solución a unas 215 familias que se encuentran asentadas desde hace años en el lugar y que se hallaban a punto de ser desalojadas por la propietaria de los terrenos.