"La expectativa de que Daniel Posse sea un juez independiente no puede ser afectada de ninguna manera por su paso por el Gobierno. No se puede juzgar la idoneidad de una persona por haber ocupado cargos en un poder del Estado, sea cual sea", aseveró ayer Armando Cortalezzi, al justificar la postulación del ex funcionario de la Provincia para vocal de la Corte Suprema de Justicia.

El vicepresidente primero de la Legislatura será el responsable de conducir la sesión de hoy, convocada a las 8, y en la cual se aprobará el pliego del actual defensor del Pueblo y ex secretario de Gobierno, de Innovación y Desarrollo Tecnológico y de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Esta trayectoria es, precisamente, lo que se cuestionó desde sectores de la oposición que votarán en contra de su pliego, como ya adelantó el radical Federico Romano Norri (VER APARTE).

Sin embargo, al momento de la definición, no habrá debate posible. El reglamento interno de la Cámara dispone que cada pliego debe ser votado a favor o en contra por cada legislador presente sin posibilidad de fundamentación alguna, lo que obvia las críticas.

El mismo mecanismo será aplicado en los otros postulantes cuyos acuerdos busca el Gobierno: Guillermo José Acosta como juez de Instrucción de la II Nominación, Jorge Antonio Echayde como fiscal de Instrucción de la III Nominación y María Carolina Ballesteros como defensora Oficial Penal de la II Nominación, todos de los tribunales de Concepción; y Jorge Ariel Carrasco como fiscal de Instrucción de Monteros. Estos pliegos se tratarán antes que el de Posse.

Cortalezzi reivindicó la realización de una sesión extraordinaria en enero para resolver este tema. "Es importante que se traten rápido los pliegos propuestos para que la sociedad tenga la Justicia que se merece. La aprobación de los postulados evidencia el trabajo que hacemos para conseguir una cobertura rápida y con celeridad de las vacantes que generan cierta falencia en los tribunales", señaló.

A favor del Pacto Social

El legislador peronista defendió también el respaldo de su bancada al Decreto de Necesidad y Urgencia 18/9 del Poder Ejecutivo, por el cual se dispuso el Pacto Social para los municipios y las comunas. Y rebatió las críticas opositoras sobre la pérdida de independencia de esas administraciones y sobre la manipulación de los montos para cada una, según su cercanía o lejanía con el Gobierno.

"Cada uno puede decir lo que quiera, pero el Pacto asegura el pago de los sueldos de los empleados estatales en tiempo y forma. No debemos olvidar que el gran problema de la provincia en el pasado fue, precisamente, la cancelación de los salarios de los trabajadores públicos, que derivó en cortes de rutas y calles, y en protestas en la plaza Independencia. Hubo atrasos de tres y de cuatro meses, que ahora no pasa", remarcó.

En el orden del día está previsto, también, aprobar dos acuerdos de la Provincia con la Nación. Uno es para incluir en la refinanciación integral de la deuda pública los $ 240 millones por adelantos de fondos del primer semestre del 2010. El otro es para reprogramar a 15 años la devolución de Tucumán a la Casa Rosada por la indemnización que eventualmente deba pagarse a Aguas del Aconquija por la rescisión de explotación del servicio de agua y cloacas, a mediados de los 90. La Nación objetó el laudo adverso del Centro Internacional de Arreglos de Diferendos relativos a Inversiones (Ciadi), pero se estima que, si debe resarcir a los capitales franceses, tendrá que desembolsar unos U$S 200 millones.

Esta será la única sesión prevista para enero, aunque según Cortalezzi ya se habla de una sesión extraordinaria en febrero. "Si hay alguna emergencia por cuestiones climáticas, hay una guardia parlamentaria para darle al PE las herramientas que pida", aclaró.