Las distintas voces escuchadas en los últimos días a raíz de decisiones de varios Organismos Judiciales que en razón de criterios de la Organización Mundial de la Salud respecto de personas alojadas en establecimientos penitenciarios resultaban grupo de riesgo, decidieron la excarcelación bajo arresto domiciliario, llaman a la reflexión.  

Un Estado de Derecho no puede sostenerse sin certeza en la aplicación y cumplimiento de la pena.

Si bien los establecimientos penitenciarios presentan serias falencias, de acuerdo al art. 18 de la Constitución Nacional y los tratados y convenciones internacionales, ello no es suficiente para modificar las condenas impuestas en Juicio, en virtud de un supuesto estado de riesgo latente en las cárceles por el covid-19.

Entiendo y es conforme a la dignidad humana que cada detenido a través de su defensor podrá plantear la situación de excepción que le permita acceder a tal o cual beneficio.

Pero de ninguna manera es admisible una resolución global e indiscriminada, sin que ello lesione la división de poderes, la no injerencia en el poder judicial, el reconocimiento a las víctimas de delitos graves como sujeto de derecho en el proceso, y la certeza en la aplicación de la pena.

La provincia de Buenos Aires no tiene una Ley de Víctimas como si existe en el ámbito nacional, razón por la cual es un debate que los bonaerenses nos debemos, para asegurar a las víctimas el reconocimiento y la participación que se merecen en los asuntos que les conciernen.

Por eso el proyecto que presentamos el año pasado cobra especial relevancia en estos días, no queremos que quien violó y agredió vuelva a atormentar a quien fue objeto de su ataque o a su familia, merecemos vivir en paz.