En la comunicación señalan que: "Ante la información de dominio público sobre avance proceso de construcción de una nueva represa brasileña sobre el río Iguazú, nos dirigimos al Señor Defensor del Pueblo de la Nación para que en el ámbito de su competencia en ejercicio de su autonomía funcional y en defensa de los derechos tutelados por la Constitución y la leyes (artículo 86 de la Constitución Nacional), intervenga de inmediato ante eventuales violaciones por parte del Gobierno del Brasil al Tratado de la Cuenca del Plata, Resoluciones de Naciones Unidas, Convenios Internacionales y Declaraciones Conjuntas sobre aprovechamiento de las aguas de nuestros ríos internacionales y preservación del patrimonio natural", señala la misiva firmada por los diputados misioneros.

"Debe haber un reclamo".Al ser consultado sobre la represa que se construirá en Brasil, sobre el río Iguazú, el diputado Ricardo Biazzi manifestó que "nos falta información sobre el tema.

Como ocurre siempre, son los medios de comunicación los que advierten sobre la situación y no hay ninguna aclaración oficial. A nuestros pedidos para conocer con precisión ese tipo de emprendimientos nunca se les da curso en la Legislatura.

Lo hicimos infructuosamente con Corpus, Garabí, Itapiranga en la zona de los Saltos del Moconá, o con la cuestión de la exportación de agua del río Paraná. Ahora con el diputado Díaz le hemos pedido la intervención, también como en otros casos, al Defensor del Pueblo de la Nación. Es el único que, al menos, recibe nuestros pedidos. Además me consta, porque me lo hice saber , por ejemplo en el caso del derrame de petróleo en la alta cuenca del río Iguazú allá por mediados del 2000, que recogió información, formuló pedidos a la Cancillería y tomó una intervención decidida en la cuestión", indicó.

En cuanto a la represa Baixo Iguazú, ya hubo advertencias de legisladores nacionales y desde la Administración del Parque Nacional Iguazú.

"A mi entender, el gobierno provincial también debió reclamar, desconozco si lo hizo, justamente por ser titular del dominio de los recursos naturales y en particular de la margen izquierda del río Iguazú, aún siendo un río internacional. La Nación y la Provincia por sus responsabilidades respectivas debieran tomar cartas en el asunto. Brasil está obligado por los acuerdos internacionales que firmó, a la preservación ambiental, a la utilización racional del recurso agua y siendo el río de soberanía compartida debe acordar con nuestro país su aprovechamiento, evitando incluso causar efectos perjudiciales en zonas situadas fuera de su propio territorio. Nuestros gobiernos deben reclamarle, a su vez, la información suficiente, los estudios técnicos previos para poder formular y sostener su posición frente al proyecto”, finalizó Biazzi.