La causa en cuestión es la que hace poco provocó la suspensión en su cargo del fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, ya que hay sospechas de que el funcionario favoreció al empresario con una tasación inmobiliaria inflada de los terrenos que el Estado debía expropiar para la creación de una reserva natural. De hecho, otros propietarios de la zona recibieron mucho menos dinero por sus terrenos que Vila, a quien se le pagó entre 13 y 17 pesos por metro cuadrado.

Pero según los mismos legisladores que denunciaron a De Rosas ante el Jury, Javier Fernández, fiscal subrogante hasta que se realice el juicio contra el primero, tiene las herramientas jurídicas para disolver ese acuerdo. "La propia Fiscalía colocó una reserva y le pedimos al fiscal que haga uso de ella", explicó la diputada Patricia Gutiérrez, quien se presentó en la oficina de Fernández junto a los senadores Gustavo Valls y Gustavo Cairo.

De acuerdo con la nota presentada al fiscal subrogante por los legisladores mencionados y el radical Daniel Di Martino, Fernández está condiciones de iniciar una "acción por sentencia írrita" ante la Suprema Corte de Justicia, debido a que el pago a Dalvian fue completamente irregular.

En el caso de que la expropiación de Divisadero Largo volviera a foja cero, lo mismo ocurriría con la compensación de deudas que le permitió a Dalvian deshacerse de una gruesa deuda con los bancos provinciales. En su momento, la expropiación favoreció al empresario con un monto de 3,4 millones de pesos y la deuda con el Estado se redujo a 1,5 millones. Es decir que incluso quedó un saldo económico a favor de Dalvian.

Tragamonedas. Pero el caso Divisadero Largo no fue la única razón de la visita legislativa. Gutiérrez y compañía pidieron que el fiscal subrogante revise además la renegociación de contrato con la familia Vila por la concesión de las máquinas tragamonedas que se realizó durante el gobierno de Celso Jaque.

Por este caso también fue cuestionado el fiscal De Rosas, quien debía observar la legalidad del contrato. No obstante, el Jury desestimó las denuncias en su contra.

La renegociación permitió que la firma Mendoza Central Entretenimiento (MCE) accediera a un incremento de sus ganancias por las máquinas tragamonedas de los casinos estatales que llevó el canon de concesión del 26 al 47 por ciento de la recaudación. Ese acuerdo se está cumpliendo de manera gradual: aunque hay objeciones a que MCE haya cumplido con las metas establecidas, el privado ya está cobrando 40 por ciento por las máquinas.

Para Gutiérrez, con el arreglo, el Estado perdió plata, a la par que el operador privado mejoró sus ganancias en el orden del 86 por ciento. Por ello, los legisladores quieren que el fiscal de Estado subrogante remedie los daños.

En la nota elevada a Fernández, reclaman que diga si el directorio anterior del Instituto de Juegos y Casinos "se excedió en su mandato" y si esto configuraría "algún tipo de delito". Esa conducción estaba a cargo del ex funcionario Daniel Pereyra.

Pero además, los legisladores piden que indique al Instituto que no pague ningún incremento a MCE (falta cumplir el último tramo: del 40 al 47 por ciento) y que "dictamine, si atento al daño que esta produciendo la renegociación, corresponde una nueva renegociación o iniciar acción de lesividad".

Aunque el Jury desechó el caso de las máquinas tragamonedas en el Jury contra De Rosas, este grupo de opositores cree que es el momento político propicio de atacar el contrato con MCE, dado que hasta el propio gobernador Francisco Pérez hizo algunos reproches públicos a su antecesor Jaque por este tema.