Los legisladores de todos los partidos políticos decidieron adherir a todas las acciones que lleve adelante la Cámara de Comercio de San Rafael y además pedir a la Corte Suprema de la Nación que convoque a una audiencia de conciliación entre las partes involucradas.

La semana pasada, la Cámara Federal de Apelaciones admitió el recurso interpuesto en contra del polémico decreto 699/10 de Promoción Industrial por parte de los empresarios sureños, con lo cual la discusión ahora sigue ante la Corte Suprema de la Nación y hasta que ésta se defina, la aplicación del régimen quedará suspendida.

Aunque se esperaba un arduo debate, la sesión terminó siendo un acto administrativo, donde senadores y diputados firmaron una resolución mediante la cual adhirieron a las acciones legales desarrolladas por la Cámara de Comercio de San Rafael y pedir a la Corte de Justicia de la Nación que llame a una audiencia de conciliación entre la Nación y los empresarios del Sur cuyano.

Durante el desarrollo de la Asamblea Legislativa, legisladores de distintas bancadas sintetizaron el pensamiento en relación al decreto presidencial 699 que prorroga los beneficios impositivos de la Promoción Industrial para las provincias vecinas y expusieron posibles soluciones para que Mendoza se vea beneficiada.

El diputado Gustavo Arenas (PJ), destacó “la madurez política” demostrada por el cuerpo legislativo “porque se acordó mirar hacia el futuro y ver cuál es el rol que tiene que tener Mendoza en el marco de un proyecto nacional”.

Por su parte, Ricardo Puga (PIM), indicó que “esto requiere además una solución política, no solamente judicial”, destacando que no se puede desconocer “la realidad de otras provincias que tienen pobreza y necesitan de la Promoción Industrial”.

El legislador sostuvo que Mendoza debe “cambiar el eje de la discusión” dejando la agresividad hacia las provincias beneficiadas “para que Cuyo sea una región importante”.