Entre los proyectos, se destacan la creación del Ministerio Público de la Defensa, la creación de la Cámara Provincial de Casación Penal Provincial y la puesta en funcionamiento del Organismo Fiscalizador de la Suspensión del Juicio a Prueba.

Las iniciativas están dirigidas, por un lado, a ajustar la institucionalidad provincial a los estándares internacionales reclamados en los tratados de derechos humanos; por otro, en concordancia con lo anterior, ofrecer una justicia penal provincial ágil, justa y dinámica, que brinde adecuadas respuestas a los pertinentes reclamos planteados al respecto.

Creación del Ministerio Público de la Defensa mediante el Defensor Oficial General ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco

Con respecto a la reforma estructural del aparato jurisdiccional para la cuestión criminal de la Provincia, los legisladores expusieron: “Todo proceso judicial implica, por definición, la existencia de intereses contrapuestos que ameritarán ser dirimidos por un tercero imparcial (Juez)”.

En la Provincia, para asegurar el acceso a la justicia, se garantiza a todo sujeto la posibilidad de contar con un profesional del derecho encargado de abogar por sus derechos, es decir un defensor oficial.

Paralelamente, la acusación o tutela de intereses colectivos se ejerce por los correspondientes representantes del ministerio Público Fiscal.

Las funciones de acusación (término altamente difundido en el proceso penal), y la defensa se encuentran escindidos y dispuestos ellos en cabeza de los diferentes operadores, los que ejercen el rol pertinente.

Sin embargo resulta llamativo que la jefatura máxima administrativa tanto de “acusadores” (fiscales, por ejemplo) y defensores oficiales sea desempeñada en nuestro medio por el Procurador General de la Provincia del Chaco.

Adviértase entonces, que el funcionario encargado de fijar las políticas jurídicas inherentes a la acusación será, al mismo tiempo, quien genere las pautas de políticas inmanentes a la actividad de los defensores públicos de la Provincia (así, por ejemplo, los recursos interpuestos ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, tanto por Fiscales como por Defensores Oficiales, son mantenidos procesalmente por el Procurador General).

Entonces, con el fin de escindir adecuadamente las funciones procesales conforme los roles a desarrollar dentro de los procesos y, con la finalidad de garantizar a los justiciables un adecuado servicio de justicia, se propone la creación del titular del Ministerio Público de la Defensa, en cabeza de un Defensor General ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco.

De la manera indicada, concretándose en la correspondiente norma legislativa, el proyecto expuesto permitirá a la Provincia del Chaco adaptar la estructura de su orden jurídico a los estándares legislativos exigidos por las mandas legales y supra legales.

Creación de la Cámara Provincial de Casación Penal Jurisdicción Única de la Provincia del Chaco

Con respecto al Proyecto de Ley Nº 255/11 que propone la Creación de la Cámara Provincial de Casación Penal Jurisdicción Única de la Provincia del Chaco, se busca brindar un instrumento legal que permita dar respuesta a los imperativos supra legales en materia penal.

Los legisladores manifestaron la necesidad de conferir celeridad al proceso penal y, al mismo tiempo, otorgar a las partes el derecho a recurrir la sentencia en materia penal que consideraren injusta, impuesto por normas de derecho internacional y de las que nuestro país es tributario.

También se generaría un tribunal de innegable nivel técnico, de aplicación específica a los recursos previstos por el ordenamiento ritual para la materia penal contra las sentencias definitivas y las resoluciones que le son equiparables; al tiempo de descomprimir la actividad del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, orientando la misma a su cauce normal.

Creación del Organismo Provincial de Asignación y Fiscalización de Tareas Comunitarias no Rentadas

En relación al Proyecto de Ley Nº 256/11, los legisladores propician la creación del Organismo Provincial de Asignación y Fiscalización de tareas comunitarias no rentadas, en el marco de la suspensión del juicio a prueba.

El proceso penal se compone de dos etapas en instancia única: la primera de investigación a cargo del fiscal de investigaciones quien, de contar con elementos de cargo que hagan sentar como probable la participación del acusado en el evento criminal investigado, eleva la causa a la etapa posterior, que es el juicio oral, el que se desarrolla ante Juzgado Correccional o Cámara del Crimen, según el monto de pena prevista en el Código Penal para el delito que se investigue.

Cuando se eleva a juicio oral, el imputado tendrá la opción de someterse al mismo o bien solicitar la suspensión del juicio a prueba. En los supuestos en que el acusado opte por esta última opción, deberá efectuar un ofrecimiento en concepto de reparación, demostrando su actitud tendiente a componer el conflicto originado por el delito investigado.

Así también el imputado, solicitante de la probation deberá dar cumplimiento a tareas o trabajos comunitarios no rentados y tendientes a dar solución al conflicto que se originara en su conducta investigada como delictiva.