Los integrantes del bloque de diputados Compromiso Social destacaron el convenio firmado semanas atrás entre el Gobierno provincial y organizaciones campesinas que contempla la instrumentación de políticas públicas para el sector. Hicieron hincapié en la aplicación de medidas tendientes a la regularización nominal, cuestión central en la problemática del campesinado; pero también manifestaron preocupación por el accionar violento de “algunos empresarios que contratan bandas para desalojar a familias de poseedores”.

En conferencia de prensa, Raúl Lorenzo (presidente), Mabel Mathieu de Llinás, Nélida Solorza y Walter Santa Cruz, informaron que por iniciativa del bloque, la Legislatura declaró de Interés Provincial la firma del acuerdo entre el Gobierno, organizaciones campesinas y ONG que acompañan al sector.

Pusieron de relieve las medidas que comprende el convenio, como la regularización de las cuestiones posesorias de tierras de los campesinos y también políticas productivas, entre otros aspectos. Al puntualizar sobre el conflicto de tierras, señalaron que “algunos empresarios contratan bandas o el servicio de la Policía para desalojar a los campesinos”, a quienes consideran el grupo social más vulnerable de la sociedad.

Al respecto, Lorenzo expresó: “Vemos con preocupación cómo contrariando al mismo Gobierno y a esta Legislatura que derogó 182 que dejaba inermes a los campesinos en este tipo de avasallamiento, que hay jueces del Crimen que siguen dictando amparos que favorecen a estos empresarios”.

Avance

“Eso impide trabajar con tranquilidad en los temas productivos”, dijo y consideró como un avance que se haya fijado como exigencia para autorizar explotaciones agropecuarias intensivas un informe del Registro de Poseedores. “Eso quitaría a los expropiadores el argumento de que compraron de buena fe”, precisó.