Los legisladores de la oposición casi por unanimidad, presentaron un proyecto para “citar en  los términos del artículo 101 de la Constitución Provincial al ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg, para que explique la actitud del Gobierno frente a la actitud del jefe de la Policía, comisario general Julio César Suárez, vinculados a la intimidación a un periodista de los SRT, cercenando la libertad de prensa y violando las garantías constitucionales que brinda la democracia”. 

Al mismo tiempo, los legisladores opositores solicitaron que “en los términos del artículo 102 de la Constitución de la Provincia, solicitarle al jefe de la Policía, Julio César Suárez, que en un plazo de tres (3) días de recibida la presente, explique en forma circunstanciada y completa las razones por las que intimidó al periodista Dante Leguizamón de los SRT cercenando la libertad de prensa y violando las garantías constitucionales”.

Dentro de los fundamentos, los parlamentarios consideraron que “un hecho lamentable se ha sucedido en nuestra provincia la semana pasada, que va contra todos los principios y garantías constitucionales, que atenta contra la libertad de prensa y que nos remonta a la época más negra de nuestra historia”.

“No existe en democracia ningún justificativo para la actitud intimidatoria y fascista que el jefe de la Policía de la Provincia llevó adelante para con el periodista Dante Leguizamón. No podemos aceptar ni tolerar que la máxima autoridad de la Provincia, haciendo abuso de su autoridad haya llamado dos veces por teléfono al periodista y haya concurrido al canal de televisión a exigir que dejen de verter opiniones sobre determinados sucesos”, dijeron.

Agregaron que “el jefe de la Policía de la Provincia puede como cualquier otro funcionario pedir un espacio en un determinado programa, cosa que según relata el periodista Leguizamón le fue ofrecida, lo que no puede bajo ningún punto de vista es con actitudes patoteriles ingresar al canal, exigir que se lo reciba y posteriormente amenazar al periodista telefónicamente”.

Consideraron que “independientemente de quién sea en este caso puntual el periodista, es inadmisible la acción llevada adelante por el comisario general Julio César Suárez, como así también que el Gobierno de Córdoba no haya hecho pública ninguna expresión, ni haya tomado medida alguna frente a tal inadmisible acontecimiento”.

Para los legisladores “sería importante que el mensaje fuera claro, la política de seguridad no puede montarse sobre la violación a los derechos de los ciudadanos. No puede montarse sobre la amenaza a periodistas vulnerando la libertad de prensa”.

“Sería importante que el Gobierno tenga una respuesta  de manera inmediata”. 

Recordaron que “también hay que decir que Córdoba sancionó el año pasado la Ley 10.049, que adhería a un Decreto del Gobernador Nº 525 de fecha 17 de Mayo del 2013, que establece  los principios básicos de garantía de pleno ejercicio de la libertad de expresión, opinión y prensa”. 

Añadieron que “muchos dirigentes políticos, funcionarios, legisladores nacionales y provinciales, gobernadores entre ellos José Manuel de la Sota han firmado la Declaración de Chapultepec, que establece diez principios básicos para garantizar la libertad de prensa».