Las críticas a la Comisión de Juicio Político de la Legislatura continúan acrecentándose por su labor en torno a la denuncia efectuada por Susana Trimarco quien acusó a los jueces de la Sala II de la Cámara Penal por su desempeño en el juicio que culminó con la absolución de los 13 implicados en la causa que investigaba la desaparición y promoción de la prostitución de María de los Ángeles Verón.

Luego de que el órgano parlamentario decidiera, en el lapso de diez minutos, correr traslado a la solicitud elevada contra los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, el abogado defensor del presidente del Tribunal, Arnaldo Ahumada, indicó que con el procedimiento iniciado "desde ya no están haciendo justicia con los magistrados".

Al respecto, en declaraciones al programa televisivo "Los Primeros", el letrado resaltó que no cabe duda alguna de que los jueces continuarán en sus funciones y no serán destituidos si la comisión y el Jury de enjuiciamiento se ajustan al procedimiento y a la ley.

Sin embargo, indicó que la Comisión, presidida por el legislador alperovista Sisto Terán, desde un principio cometió irregularidades al correr traslado al expediente en cuestión, puesto que incumpliría lo determinado por el artículo 10 de la ley 8.199 como así también el artículo 124 de la Constitución Provincial.

En tal sentido, Ahumada señaló que se estarían incumpliendo tres requsitos fundamentales por parte de la Comisión: "en primer término analizar la denuncia, luego debe comprobar la existencia de los hechos que se invocan y debe merituar si esos hechos ameritan continuar con el tramite. Pero ninguno de estos tres requisitos fue cumplido. No analizó, no comprobó que los hechos existieran y mucho menos merituó la denuncia", aseveró.

"Nos sorprende esta denuncia y más nos sorprende la actitud de la comisión de Juicio Político, porque al emitir el dictamen por el cual corre traslado nunca tuvo en sus manos ni el expediente del juicio ni mucho menos las actas del debate. Es nulo el traslado e inconstitucional, y recién ahora, como primera resolución de la Comisión, pide las actuaciones de todo el juicio a la Corte ", explicó Ahumada.

Al mismo tiempo, manifestó sus cuestionamientos a la actitud asumida por la parte acusadora ya que los argumentos en los que se basa la denuncia en sí no se corresponden con las manifestaciones vertidas inicialmente en razón del contenido de la sentencia elaborada por los jueces.

"Es distinto lo que los denunciantes dijeron por los medios a lo que dijeron en la denuncia. Ellos por los medios dijeron que la sentencia era injusta, y denunciaron de manera calumniante a los magistrados. Después, como vieron que no se puede cuestionar a los jueces por sus sentencias, quisieron marcar una serie de irregularidades que se habrían producido durante el debate. Se esforzaron por encontrar irregularidades", destacó Ahumada.

Seguidamente, el letrado que también representa los intereses de Herrera Molina, destacó que las supuestas irregularidades enunciadas en la denuncia por parte de Trimarco no fueron cuestionadas durante el curso del debate oral que se desarrolló por el término de diez meses durante el año pasado. Así planteada la situación, Ahumada refirió que en ninguna de las actas que se elaboraron todos los días al finalizar el juicio, se hizo constar cuestionamiento alguno de parte de la querella y del actor civil, sino, agregó, que las observaciones fueron elevadas por la defensa de los imputados en ese entonces.

"La querella, al finalizar cada una de las audiencias, con su silencio estaba manifestando conformidad con todo el debate", aseguró Ahumada.

Es por esta razón que el abogado consideró que resultan improcedentes los aspectos que se tuvieron en cuenta para motorizar la denuncia, y estimó que otro debió haber sido el camino a recorrer por Trimarco en su embestida contra la sentencia adversa dictada en diciembre pasado. "Si el fallo no se ajusta a derecho están los recursos naturales que es la casación, no se puede cuestionar a los jueces por los fallos. No pueden fallar los jueces por lo que digan o piensen la mayoría de la gente. Es bueno recordar que de esta forma, Jesús terminó en la cruz y el pueblo eligió a Barrabas", comparó.

Apelar a la reflexión

Tomando en consideración lo señalado hasta el momento, Ahumada refirió que la Comisión debe archivar las actuaciones una vez que los integrantes del órgano se aboquen a su estudio. Paralelamente, emitió objeciones contra Terán por declaraciones periodísticas que apuntaban a criticar el accionar de la defensa de los jueces.

"No se la dinámica de la profesión de Sisto Terán, creo que la verborragia lo lleva a decir cosas sin analizar. Me gustaría que lo lea a nuestro escrito, que piense un poco, que reflexione, analice las pruebas, que vea en su condición de abogado y entre todos hagan un dictamen, archiven las actuaciones porque no hay elementos para seguir con este procedimiento. Esa es la salida institucional", insistió.

Cabe recordar que desde el lunes pasado, comenzó a correr un lapso de 20 días para que el instituto presidido por Terán emita su decisión en razón de elevar, o no, la acusación al Jury, que tendrá la palabra final en torno a la suerte de los tres magistrados de la Sala II de la Cámara Penal.

Posteriormente, Ahumada llamó la atención sobre las facultades de la Comisión al momento de estudiar y dictaminar en este caso, ya que podría haber incompatibilidades funcionales. "Ellos (por los legisladores) deben analizar lo actuado por los magistrados, no se pueden inmiscuir en la investigación de la desaparición de Marita Verón. El cuadro fáctico que deben analizar es el juicio a los tres jueces, pero si se quieren imbuir para analizar el caso y transformase en investigadores policiales y judiciales, ya estarían fuera de su competencia material", advirtió.

Por último, el letrado hizo mención a las consecuencias que le puede acarrear al Estado Provincial el continuar con este proceso, destituir a los jueces implicados y luego una decisión de la judicatura revierta las actuaciones tanto de la Comisión de Juicio Político y el Jury de Enjuiciamiento.

"De los juicios políticos que superaron la Comisión de la Legislatura y llegaron a instancia judicial, la Comisión los perdió a todos. Tiene que revisar su actuación porque algo no anda bien allí, cada vez que se la revisan (a sus decisiones), pierde. Si llega a instancias judiciales el revés será peor, porque el escarnio público es muy importante, se dijeron cosas terribles de los jueces. Los legisladores actúan a sabiendas de que están haciendo las cosas mal, esto es lo grave".