Tras el anuncio oficial del traspaso de la competencia jurisdiccional en casos de "narcomenudeo", concretado la semana pasada con la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes, desde la oposición se reflotó una norma nunca reglamentada que exige a los funcionarios públicos a realizarse tests para determinar si consumen drogas. El legislador Ariel García (UCR) fue más allá: se sometió a una rinoscopía y difundió su resultado.

"Se ha escuchado mucho sobre la necesidad de instrumentar la Ley 7.240 (de Rinoscopías), y que funcionarios y legisladores se hagan el estudio. Pero nadie avanzó en concreto", manifestó mediante un comunicado, en el que adjuntó el acta Nº 9.505 del laboratorio de la Secretaría de Prevención de Adicciones, que indica que el test que le realizaron dio negativo. "El alperovichismo tiene la obligación moral de hacerse este estudio", consideró.

La mencionada norma fue dictada en el 2001 y publicada en el Boletín Oficial a fines del 2002. Establece que para ocupar cargos jerárquicos en los tres poderes del Estado y en la Policía, es necesario someterse a exámenes médicos y bioquímicos (por ejemplo, una rinoscopía) "para determinar la presencia de metabolitos de drogas ilegales".

Nunca fue reglamentada, por lo que tras los anuncios del gobernador José Alperovich de medidas tendientes a combatir la venta minorista de drogas, distintos dirigentes de la oposición reclamaron su puesta en vigencia: el legislador José Páez (Democracia Cristiana); el ex parlamentario alperovichista Hugo Balceda; y José Teri, presidente de la bancada massista en la Legislatura.