Ledesma negó la participación de sus guardias indicando que son "totalmente falsos los rumores", que asocian a la entidad con la represión que resultó en las tierras que disputaban las familias de Libertador General San Martín.
"Ledesma, ni el personal que cumple funciones de vigilancia, ni sus vehículos participaron del desalojo. La orden judicial de desalojo recayó en la Policía de la provincia de Jujuy", señaló.
Sostuvo que en “2009, la empresa puso a disposición...80 hectáreas adicionales de su propiedad para ampliar la urbanización de Libertador General San Martín y de Calilegua... a través de un plan de ordenamiento urbano de toda la región".
Insistió en que "la donación de tierras...tiene como contrapartida que el gobierno de Jujuy realice los loteos y construya y entregue las viviendas a la población.". Pero sostuvo que las 15 hectáreas tomadas, según la empresa, "de manera ilegal no están incluidas en las 80 mencionadas". Y por ello, dijo, pidió el desalojo.
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