La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez Walter Bento, titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, ser tenida como parte querellante en la causa Nº FMZ 11.356/2013 “Fiscal c/Vargas Mendez, Sandra Jaquelina y otros s/Av. Infracción Ley 23.737 y Art. 303 del Código Penal” donde se investigan las diversas actividades delictivas desarrolladas por la organización criminal liderada por el delito de narcotráfico y el lavado de activos proveniente de esas ganancias ilícitas.

La causa se originó a través de un llamado anónimo a la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación donde se denunció que “La Yaqui Vargas” vendía cocaína, brindando un número de teléfono donde poder ubicarla.

Comenzada la investigación, se pudo conocer que la denunciada era Sandra Jaquelina Vargas Mendez, con varios prontuarios y denuncias en su contra que databan desde el año 2001, quien junto con una organización integrada con su esposo, sus cuatro hermanos y su hija, estaría vinculada al comercio de estupefacientes.

Mediante escuchas telefónicas se pudo detectar que la organización se dedicaba con habitualidad y de manera organizada al almacenamiento y comercialización de estupefacientes, en especial el clorhidrato de cocaína.

Además se advirtió que habrían adquirido bienes muebles e inmuebles en diferentes provincias del país, cuando ninguno presenta un perfil patrimonial ni actividades lícitas declaradas que justifiquen los notables incrementos patrimoniales.

Se descubrieron 35 vehículos, entre ellos motos, autos de alta gama, camionetas y un cuatriciclo, a nombre de los integrantes de la banda o con licencias autorizadas para conducir. Sandra Jaquelina Vargas Mendez figura además como titular de tres bienes inmuebles, y uno más a nombre de su hermana.

En virtud de esto, la UIF se presentó como querellante en la causa a fin de impulsar la investigación del lavado de las ganancias ilícitas en su inserción en el mercado bajo apariencia legítima. Actualmente hay 11 personas procesadas por el delito de comercio de estupefacientes -artículo 5 inciso c) de la Ley N° 23.737- en forma agravada por haber sido cometido en banda.

La Unidad antilavado solicitó además el embargo de los bienes registrables muebles e inmuebles, el congelamiento de las cuentas bancarias, la inhibición general de bienes de los imputados y se requiera a los diversos organismos públicos datos de cada uno de ellos y sus allegados a fin de confeccionar un informe patrimonial individual.