En el oficialismo esperarán a que Daniel Posse asuma como vocal de la Corte Suprema provincial para lanzar la carrera para su sucesión en la Defensoría del Pueblo. De hecho, la puja para ser el nuevo ombudsman está lanzada, aunque el proceso de designación previsto por la legislación vigente impida una pronta definición.

La Legislatura sesionará desde las 8 para darle acuerdo a Posse como reemplazante de Alberto José Brito (se jubiló el 31 de diciembre) en la Corte. Su pliego será el quinto tema en el orden del día, precedido por los avales para la cobertura de otros cuatro despachos judiciales en el sur.

Nada hace presagiar que la vacante de ombudsman que producirá el arribo de Posse al alto tribunal vaya a ser cubierta en lo inmediato. En efecto, el riguroso procedimiento previsto en la ley para la elección del defensor del Pueblo desanima a los más entusiastas legisladores, que en un principio auguraban que iban a poder elegir al ombudsman también durante el receso de enero.

El ex secretario de Derechos Humanos juró como defensor del Pueblo ante la Cámara el 9 de septiembre. El cargo fue incluido en la Constitución provincial en la reforma de 2006, con autonomía y autarquía, pero tiene fuertes vínculos con la Legislatura.

A partir del momento en que el también ex secretario de Gobierno jure como juez supremo (será en la primera semana de febrero, cuando pase el receso judicial por la feria de verano), la Legislatura podrá abocarse a su cobertura. En ese sentido, el texto de la Ley Nº 6.644, que refiere a las funciones del defensor del Pueblo y a los mecanismos previstos para su designación, es tajante en cuanto a que establece que el nombramiento del ombudsman es de exclusiva responsabilidad del Poder Legislativo.

Plazos legales

Según las pautas que fija la ley, el proceso para la elección del ombudsman demanda no menos de 17 días hábiles, casi un mes en días corridos. Por ello, el sucesor de Posse sería nombrado en marzo.

La norma establece que la Cámara debe abrir, por un período de cinco días hábiles, un registro de interesados. Los únicos requisitos son tener más de 25 años de edad y ciudadanía natural o legal (dos años como mínimo en este caso). Las fechas de apertura y de cierre de ese registro, además de las condiciones exigidas, deben ser publicadas durante dos días hábiles en el Boletín Oficial, en un diario de "amplia circulación" y en la página web oficial de la Legislatura.

Una vez vencido el plazo de inscripción, la Cámara tendrá que publicar la nómina de interesados por un día y por los mismos medios, e invitar a la ciudadanía a formular impugnaciones (se dispondrá de tres días hábiles), tras lo cual se correrá vista a los impugnados para que efectúen el descargo (otros tres días hábiles).

En ese mismo plazo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Acuerdos tendrán que reunirse en forma conjunta para definir y elevar la terna de nombres que llegará al recinto. Antes, deberán pedir una serie de informes a organismos públicos y privados sobre los inscriptos, para conocer su situación económica, legal y financiera.

Finalmente, en una sesión especial convocada al sólo efecto los legisladores deberán votar por uno de esos tres postulantes. El ombudsman quedará consagrado con el sufragio de la mayoría absoluta de los miembros (la mitad más uno de los 49 miembros). Además, para preservar la integridad del designado, los parlamentarios tienen vedado justificar el voto.

Hasta tanto se completen los plazos legales que exige el procedimiento, el actual defensor del Pueblo adjunto, Roberto Sollazzi, quedará a cargo del organismo. Incluso, su nombre suena como una fuerte apuesta para que sea el sucesor definitivo del saliente Posse.