La agente fiscal concluyó que existe daño ambiental por incumplimiento de la normativa vigente. El ombudsman de la Nación alertó que se triplicaron los valores de bacterias fecales en el dique Cabra Corral.
“La salud y el ambiente no esperan”, advirtió la agente del Ministerio Público, tras concluir que “existe daño ambiental” debido a los incumplimientos prestacionales denunciados en la demanda que se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de Tercera Nominación. Las acciones contra la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (Cosaysa) o Aguas del Norte, como más se la conoce, fueron iniciadas en octubre de 2010 por un usuario salteño, Carlos Alberto Quevedo, con el patrocinio del abogado Humberto Vázquez.
En el tramo final de las actuaciones, el juez de la causa había girado los antecedentes a la representante del Ministerio Público Fiscal para que opine sobre la procedencia de la acción de amparo y el modo en que afectaría intereses del Estado provincial.
De mal a peor
En su contestación, Herrero consideró que los informes, filmaciones, testimonios y demás elementos de prueba reunidos en el expediente instauran “al menos la sospecha de que el actor tiene razón”. Del mismo modo, la fiscal dictaminó que “no tienen asidero los argumentos de Aguas del Norte cuando afirma que las instalaciones están mal porque así las recibió”, en mayo de 2009, luego de que le quitaran la concesión a Spassa (Aguas de Salta) por idénticos incumplimientos.
En este contexto, Herrero se preguntó ¿para qué fue entonces que el Gobierno, por decreto de necesidad y urgencia rescindió la concesión a Spassa, sino para que las cosas mejoraran a partir de Cosaysa? “Dos años y medio después las cosas no han cambiado”, sostuvo la fiscal y observó que en una entrevista, incorporada a las actuaciones, el secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Alfredo Fuertes, “habla de un impulso inicial que requeriría $2 millones ¿Cómo se empleó entonces el subsidio de 2010, de $25 millones?”, cuestionó Herrero.
Enfermedades hídricas
La fiscal hizo notar que en la causa obran constancias sobre diferentes enfermedades que afectan a la población, a partir de la contaminación de diferentes cursos de la provincia con líquidos cloacales y efluentes industriales crudos. Los informes dan cuenta de unos 150.000 casos anuales tratados en hospitales y centros de salud por diarreas, dengue, hepatitis, tifoidea, idatidosis, parasitosis y otras afecciones de transmisión hídrica.
En cuanto al descargo que realizó el apoderado de Cosaysa, Emilio Isasmendi, quien adujo que “lo que cobra (la empresa) por tarifas no cubre ni sus costos operativos, por lo que el Estado Provincial la subsidia”, la fiscal Herrero consideró que “debería verse por qué con una recaudación mensual de $57 millones, más un subsidio, no es posible salir adelante, o empezar a hacerlo, dos años y medio después del decreto 2195/09”, con el cual el Gobierno provincial pasó los servicios de agua y saneamiento cloacal a Cosaysa -Aguas del Norte.
Medidas requeridas
Para evitar mayores daños al ambiente y la salud, la fiscal consideró oportuno que el juez de la causa enliste una serie de obligaciones en la cabeza de la prestadora y se las imponga para su cumplimiento gradual, con seguimiento técnico a cargo del Juzgado. Herrero sugirió que esta sensible tarea podría ser encomendada a especialistas de la cátedra de Calidad del Agua de la UNSa.
Con respecto al cese del cobro del 50% de la factura que pagan los usuarios, hasta tanto se preste efectivamente el servicio de saneamiento cloacal, la fiscal consideró que esta medida debería diferirse para una posterior resolución, a fin de que las pericias contables pendientes, no demoren la urgente disposición de un plan obligatorio que revierta los daños ocasionados por la contaminación cloacal en el ambiente, las fuentes hídricas y la salud.
EL DATO
84.672 casos de diarreas fueron atendidos en hospitales de Salta entre enero y agosto de este año.
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