Ayer se cumplió con acatamiento parcial el paro provincial del sector salud lanzado por ATE, la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), al cual se plegaron trabajadores independientes, en reclamo de un incremento salarial superior al obtenido por el SEP, y que lleve el salario médico inicial a unos 5.500 pesos. La medida de fuerza se repetirá el próximo martes 22, según se resolvió ayer en una asamblea interhospitalaria.

Como parte de la medida de fuerza, los trabajadores movilizaron en el Polo Sanitario de la Bajada Pucará, donde antes del mediodía se interrumpió el tránsito.

Tras la medida de fuerza, el ministro de Salud, Oscar González, advirtió que habrá “sanciones” a los empleados que acataron el paro de ayer. Según el ministro, la protesta “no tiene cobertura legal legítima”, aunque ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) es un gremio con personería nacional, alineado a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Desde el Ministerio aseguraron que “día no trabajado, día que se descuenta”.

En diálogo con este diario, el médico Carlos Altamirano, referente de la UTS, confirmó el paro del 22 y dijo que desconoce “bajo qué figura” podrían ser sancionados. “Nos están persiguiendo, son presiones propias de los brazos políticos del Ministerio, que son los directores de hospitales”, afirmó.

“El paro fue comunicado a la Secretaría de Trabajo” de la Provincia, recalcó el dirigente, y explicó que tanto la Suprema Corte de Justicia como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) reconocen las medidas de fuerza resueltas por organización con inscripción gremial (aunque sin personería) como es el caso de la UTS.

“Qué otra sanción puede haber además de nuestros salarios”, indicó Altamirano, y señaló que “el SEP arregló el 27,5 por ciento, y no el 28 o 30 por ciento, como dijo (el titular del gremio, José) Pihen”.

Los establecimientos donde más se notó el impacto de la medida de fuerza fueron la Maternidad, el Hospital Materno Neonatal y el Hospital de Niños. La medida se sintió más atenuado en el Rawson, Tránsito Cáceres de Allende y Misericordia. En cambio, en los hospitales San Roque, donde el SEP mantiene fuerte influencia, y Córdoba, pasó inadvertida. Para el ministro González, la medida fue “mínima” en cuanto a su acatamiento.