La concejal del bloque Unión Pro de Lanús, Susana Arce, destacó el apoyo cosechado por la iniciativa para trasladar al Tribunal de Cuentas el expediente que envió el Ejecutivo sobre los gastos realizados en Seguridad y aseguró que la maniobra permitirá al cuerpo "comprobar si realmente hubo irregularidades como se sospecha".

En diálogo con Info Región, advirtió que la decisión permitirá "esclarecer muchas de las cuestiones que no están claras" y valoró que "la mayoría lo haya entendido así y prestado su apoyo".

"Para nosotros fue importante que tanto éste como el resto de los proyectos importantes salieran. Nos habíamos propuesto que la documentación vaya al Tribunal para que se nos diga si puede ser que el dinero destinado para seguridad no haya sido utilizado como debía y lo logramos", celebró.

En esta línea recordó que las mayores dudas surgieron a partir del extracto de cuenta que mandaron desde el Municipio "donde se demuestra que los fondos destinados al área fueron utilizados con otros fines".

"Esta gestión nunca ha tenido un panorama ni una decisión política sobre la inseguridad. Siempre fue dejado de lado con la excusa de que es responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, pero hoy ya no es así porque se ha firmado un acuerdo que cambia las cosas", subrayó.

Al tiempo que cuestionó: "Somos siempre el último orejón del tarro en Lanús, en otros distritos ya están funcionando las cámaras y demás elementos mientras que acá, aunque ya se mandó el dinero, sigue sin hacerse nada".

La iniciativa aprobada en la sesión del último viernes establece enviar una copia autenticada del expediente 782 (la respuesta del Ejecutivo a la demanda post-interpelación de funcionarios municipales) al órgano de control administrativo para que emita una opinión sobre las observaciones realizadas en el recinto por las distintas bancadas.

La propuesta del oficialismo fue continuar la discusión respecto a las dudas de la oposición sobre algunas cuestiones puntuales surgidas en comisión. Aunque, esa alternativa sucumbió ante la de un arco opositor que se mostró orgánico en ese punto, e hizo pesar su mayoría (12/9).

Los objeciones al informe dieron cuenta de tres cuestiones fundamentales: las presuntas irregularidades en la documentación presentada sobre la compra de combustible para móviles policiales y en la veracidad de las firmas de las órdenes de compra, la sospecha de que el decreto de funciones y misiones de la secretaría de Seguridad no existió hasta que el cuerpo no las solicitó, y dudas respecto a un supuesto desvío de fondos afectados a seguridad para Obra Pública.