Por: Domingo Ramos.

El Ayuntamiento de La Laguna ha abierto un expediente para sancionar a la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Urbaser, por infracciones en el contrato. En total, el Consistorio detecta 19 incumplimientos de carácter muy grave y 7 leves entre los meses de abril y octubre de este año. La cuantía global de las penalidades es de 335.850 euros. Los problemas localizados se encuentran distribuidos por meses y cada uno está asociado a una cantidad económica determinada.

Uno de los incumplimientos que se consideran muy graves es el de no tener operativas las herramientas de seguimiento, gestión y control de los servicios, «entre las que se destaca el sistema de control de personal o el sistema de localización mediante GPS de los vehículos adscritos al contrato». De la misma categoría es «la no sustitución del personal durante las bajas laborales, los periodos de vacaciones, permisos, horas sindicales y/o huelga del personal».

Se unen a las anteriores carencias –que se repiten en meses sucesivos– «el incumplimiento de aquellas propuestas en la oferta conforme a los criterios de la adjudicación». En el nivel de incumplimientos leves figuran siete, uno por mes y todos por el mismo motivo: puntos de recogida en mal estado. Por cada uno de ellos la penalidad es de 150 euros.

Quejas vecinales

Cabe recordar que las redes sociales se venían convirtiendo en un buen termómetro durante los últimos meses de que las quejas vecinales sobre problemas relacionados con el servicio de limpieza iban en aumento. Desde el Ayuntamiento también lo habían detectado y estaban ojo avizor, tras lo que ahora llega este procedimiento administrativo.

«El contrato referido tiene como objeto la prestación de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, de conformidad con las características y especificaciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con el fin de garantizar la salubridad e higiene y las buenas prácticas ambientales, estableciendo criterios de eficiencia, de racionalización de los recursos de acuerdo con la realidad de los distintos espacios públicos y la implementación de sistemas de seguimiento y control del nivel de calidad exigidos en su ejecución», recoge el informe justificativo sobre las infracciones y penalidades evacuado por el Consistorio lagunero.

Las penalidades «se han establecido considerando la gravedad de los posibles incumplimientos e infracciones que se puedan cometer por la empresa adjudicataria, durante el período de ejecución del presente contrato y las características del mismo». A continuación, expone el informe del Ayuntamiento que «de cara a exigir una correcta ejecución del presente contrato a la empresa adjudicataria, y en aras de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que trabajan y acceden diariamente las zonas objeto del contrato, así como para garantizar la seguridad del propio entorno, es necesario que la empresa adjudicataria cumpla de forma íntegra el contrato, para lo cual se consideró adecuado incorporar una serie de penalidades a este expediente de contratación».

El documento se ha realizado, según plantea, «con el objeto de poner de manifiesto una serie de incumplimientos en los que viene incurriendo el contratista, sin que hasta el momento se hayan solventado a pesar de los requerimientos realizados en diferentes reuniones celebradas».

También se recuerda en el escrito que el pliego de cláusulas administrativas «establece en su artículo 20 que le corresponderá al responsable del contrato, designado por el órgano de contratación, proponer las penalidades a imponer al contratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo y emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables a aquel».

El artículo 24.2.1, indica que «en el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera parcialmente su ejecución, los compromisos adquiridos en virtud de la contratación o las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, sin que la cuantía de cada una pueda superar el 10% del precio del contrato, IGIC excluido, ni el total de las mismas supere el 50% de aquel». En el artículo 24.2.2 se considera «ejecución defectuosa y, por tanto, incumplimiento penalizable, toda acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en los pliegos».

Como se recordará, fue a finales de marzo de este año cuando el Ayuntamiento de La Laguna y Urbaser anunciaron la formalización de un nuevo contrato, e indicaron que el documento introducía novedades para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad ligada a la gestión de los residuos, al tiempo que plantearon una duración de un máximo de diez años, con un valor de más de 17 millones de euros anuales.

El nuevo contrato

Dijeron por entonces que el nuevo contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos se planteaba objetivos respecto a eficiencia y sostenibilidad. «Algunos ejemplos son la intención de alcanzar el reciclaje del 65% de los residuos generados en el municipio para el año 2035, la realización de campañas de concienciación para la ciudadanía sobre la separación de desperdicios o el uso de vehículos eficientes y de cero emisiones», recoge, entre otras bondades del contrato, la nota que envió el Ayuntamiento lagunero en aquella ocasión.

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Además, se anunció la incorporación «inmediata» de 50 trabajadores. «Hoy es uno de los días más felices y de los que más orgulloso me siento», expresó aquella mañana el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, durante un acto que se celebró en el Centro Ciudadano El Tranvía, en La Cuesta, y en el que también estuvo presente el por entonces concejal de Servicios Municipales de La Laguna, Josimar Hernández. Todo eran buenas palabras. Siete meses después, el escenario es otro.