La Pampa

El Estado -provincial y municipal- tirando la piedra y escondiendo la mano. Los empresarios privados privilegiando su negocios particulares. Y una buena parte de la ciudadanía sin responsabilidad ni conciencia social. Tres afirmaciones tajantes pero que -sin embargo- grafican que la mentada "emergencia sanitaria" dictada recientemente en la provincia no responde más que a cuestiones administrativas; y que nada tienen que ver con la prevención de la gripe A, entendida desde lo más riguroso del término.

Cuatro museos, un auditorio, salas de ensayo y grabación forman parte del proyecto presentado por Angel Aimetta al gobierno de La Pampa, de prosperar la transferencia de las instalaciones por parte del Ministerio de Defensa a la provincia.

Los once represores pampeanos acusados de delitos de lesa humanidad por su participación en el grupo de tareas de la Subzona 14 durante la última dictadura militar, serían juzgados en La Pampa si esta semana prospera una resolución del Tribunal Oral Federal número 6 de la Ciudad de Buenos Aires que trasladó la responsabilidad a su par santarroseño.

El concejal Leandro Altolaguirre (FrePam) pidió que los bancos entreguen un número de orden para mejorar la atención a los clientes. "Ya hubo un proyecto para reclamar una mejor atención. Pero ahora con la gripe A y las largas colas que se forman, tenemos que reiterar este reclamo", dijo.

El Casino Club emitió un comunicado de prensa en el que destacó que "la empresa adopta medidas de acción directa en todos sus casinos y salas de tragamonedas para prevenir la gripe A".

El intendente Francisco Torroba firmó un contrato de alquiler por una vivienda de la calle Gaich en la que se asentarán el Centro Ayelén y el Jardín Maternal de Colonia Escalante. En un plazo de tres años el municipio pagará a la propietaria la suma de 166.000 pesos aproximadamente. El contrato ahora está en una comisión del Concejo Deliberante.

Proliferación de taxis truchos; invasión de unidades de otras localidades, sobre todo Toay; y competencia desleal por parte de las empresas locales de remises. Esas son básicamente las tres denuncias que la Cámara de Propietarios de Taxis y Radiotaxis (Catarata) de esta capital presentó por nota ante el Concejo Deliberante de la ciudad. Carlos Basso y Carlos D’onofrio, presidente y secretario de la entidad, respectivamente, son los firmantes.

En un fallo sin precedentes, el Juzgado Federal de Santa Rosa ordenó a la Comisión Nacional de Comunicaciones que haga cesar las interferencias que viene sufriendo Radio Noticias, procediendo al decomiso de los equipos de dos emisoras cuya ilegalidad había sido declarada por el Comfer.