El fiscal de Instrucción de Deán Funes, Eduardo Gómez, imputó ayer a seis personas en la investigación por supuestos daños reiterados e infracción a la ley de malos tratos y actos de crueldad a los animales. El delito impone penas desde dos meses a tres años de prisión.

Cinco de los seis sospechosos son empleados municipales. De ellos, tres fueron demorados el lunes pasado por la Fiscalía. Todos tenían acceso a los plaguicidas utilizados por la comuna para campañas de fumigación. “La hipótesis más fuerte es que se haya querido matar a perros vagabundos. Estamos recabando más testimonios”, explicó Gómez a Día a Día.

Desde el inicio de la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento nocturno y tres diurnos. Se secuestró una sustancia supuestamente utilizada para las matanzas de estos animales. El material está siendo analizado por la Policía Judicial. “Encontramos una sustancia en el domicilio de uno de los imputados. Todo parece indicar que las dos matanzas están relacionadas”, indicó el fiscal.

Gómez descartó que existan personas intoxicadas por este cóctel de contaminantes, en respuesta a versiones sobre afecciones en niños. Sin embargo, “la emergencia sanitaria continuará hasta el lunes”, agregó.

Desde el municipio ven manos políticas atrás del caso.

Las pruebas. Los primeros vestigios de esta matanza comenzaron a vislumbrarse el sábado por la tarde. El domingo continuaron los decesos y el lunes también. Personal del Ministerio de Salud y de Ambiente de Córdoba viajaron hasta Deán Funes para asesorar al municipio. Cerca de 200 perros muertos se encontraron entre el domingo y ayer. La sustancia utilizada para el envenenamiento sería carbamato, un compuesto que se encuentra en algunos insecticidas y pesticidas. En la primera matanza fueron 180.