RP.- ¿Qué acciones llevó a cabo a raíz de la agresión contra una mujer, Sandra Cabo, en la comisaría novena de San Fernando?

Hemos repudiado este hecho y presentado un informe ante el ministerio de Seguridad en respuesta a lo que ha pasado, porque nosotros nos encontramos en la misma situación que cualquier otro bonaerense en papel de televidentes, siguiendo lo que le pasa a una mujer dentro de una comisaría de la provincia cuando va a buscar seguridad y pedir protección, y en vez de eso termina siendo golpeada y ultrajada en todos sus derechos.

Hemos sancionado desde la Legislatura el año pasado una ley de Emergencia Social sobre la violencia de género. Esto demuestra que la provincia sigue actuando en contra de estos hechos, pero todo lo que hacemos es poco cuando los mismos mecanismos de protección que tendría que brindar la provincia son ineficaces o defectuosos. Le pedimos al ministerio de Seguridad que nos aclare si hubo sanciones y cuáles fueron, para los efectivos que llevaron a cabo la agresión.

RP.- ¿Como sociedad hemos avanzado en cuanto al tratamiento de la violencia de género?

Sin ninguna duda hemos avanzado. Esta situación en San Fernando, hace treinta o cuarenta años sucedía cotidianamente en varias instancias del estado, y eran prácticas naturales hacia las mujeres. Avanzamos como sociedad desde el conocimiento de la violencia, y logramos ver e identificar el tipo de violencia del que se trata: hacia los niños, hacia las mujeres, u otro tipo de violencia particular. Tenemos una ley nacional que es vanguardia respecto a los derechos de las mujeres a nivel latinoamericano, previniendo la violencia en todos sus aspectos. Pero todo lo que hacemos sigue siendo poco, ya que diariamente nos enteramos de mujeres que mueren en manos de sus parejas, ex parejas o familiares.

También nos enteramos permanentemente que la víctima termina siendo dos veces victimizada en su intento de lograr una protección o una mayor seguridad. Falta mucho, pero está claro que tanta promoción de derecho y tanto trabajo con mujeres hace que hoy este tipo de violencia se vea más.

No podemos saber si hay o no más casos que hace una década o dos, pero para los casos que hoy conocemos tenemos la obligación como estado de dar una solución para que esto no vuelva a suceder, ni en el seno de la familia ni en instancias estatales.

RP.- ¿Han aumentado las denuncias por parte de las mujeres?

Absolutamente. Está claro que sí, porque una de las principales demandas que recibimos de las mujeres es la necesidad de denunciar a esa persona que la agrede y que cree que tienen poder sobre ellas. Unas de las mayores asistencias que pedimos es el acompañamiento y el asesoramiento a la hora de denunciar, sobre cómo hacerlo y dónde.

Hay mucho temor por la pérdida de los hijos en caso de realizar la denuncia, de perder la casa, de tener que volver a vivir con el agresor. Así estamos trabajando sobre todo en los barrios con operadores barriales y funcionarios municipales y provinciales, creando en todas los sectores instancias de capacitación para que la persona pueda sentirse segura al denunciar y que la misma sepa que tendrá la mayor cantidad de recursos posibles para hacerlo y así cortar definitivamente con ese círculo de violencia.

RP.- ¿Desde la Legislatura seguirán insistiendo en el tratamiento contra la violencia de género?

Sí. Desde el bloque, y a título personal, venimos trabajando con diferentes organizaciones y logramos dar media sanción para la ley de Botón Antipánico, que no resolverá el tema de la violencia, pero creemos que se trata de una tecnología que estará al alcance de la mano y es el gobierno quien tiene que poder otorgarle a las mujeres lo que necesitan, y así lograr que se dé un paso hacia un mayor contacto con la policía, con la Justicia o con el organismo municipal a cargo de acompañarla si está en peligro. Buscamos llegar antes a esas situaciones de violencia de difícil abordaje para no tener que lamentar una vida o situaciones muy fuertes de agresión.

También tenemos una ley que tiene que ver con un tipo de violencia económica. Proponemos que ninguna persona que esté incluida en el registro de deudores alimentarios pueda ser funcionario público ni lograr una candidatura a legislador o concejal. Buscamos que estas personas no puedan acceder a cargos de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Si entre los legisladores contamos con personas que no pueden hacerse cargo de sus propios hijos, poco van a poder hacerse cargo de leyes que protejan el derecho de todos los chicos de la provincia. Es un proyecto muy significativo porque conocemos familias y madres que han reclamado durante años que se les pase alimentos y los responsables han encontrado una y mil variantes para evadir esta obligación.

Por último proponemos una ley para personas travestis, transexuales y transgénero que tiene que ver con la privación de la libertad, y proponemos que ellos y ellas puedan elegir ser albergados en cárceles de hombres o de mujeres. Creemos que esto está directamente relacionado con el ejercicio de los derechos de cada persona ya que existe una vulneración concreta de la identidad percibida por cada uno.

Iremos generando todas las instancias para darle vehículo a todo aquello que aparezca como una necesidad de las mujeres en el territorio para erradicar y eliminar la violencia y así promover relaciones más democráticas y sanas.