Por el delito de fraude a la administración pública -tipificado con el artículo 174, inciso 5 de Código Penal y cuya pena va desde los 2 a los 6 años de prisión- está siendo juzgado el teniente coronel Claudio Marcelo Moreira.

El debate se lleva a cabo en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, el cual está presidido por la juez Nora Cabrera de Monella e integrado por sus pares, Pedro José de Diego y Jorge Guanziroli. La Fiscalía está siendo representada por Horacio Arranz y Mariano Sánchez, mientras que al imputado lo asiste técnicamente el abogado particular, Ignacio Ferreira de las Casas.

La causa en cuestión surgió en marzo de 2006 y fue radicada por un subalterno del imputado, junto a quien trabajaba en el área de finanzas del Comando de la IX Brigada Mecanizada. A partir de esa denuncia se llegó a descubrir toda una ingeniería de falsedades para dibujar los números con los que se justificaría el uso íntegro de las partidas que en 2005 llegaron al Comando de Brigada para ser utilizados en la logística de las elecciones y en la distribución de libros.

Sobre la base de las pruebas que reunió la Fiscalía, la defraudación sería de unos 25.000 pesos. Ese dinero corresponde al sobrante de las partidas mencionadas que en lugar de ser devueltos, eran utilizados para otros fines como la fiesta de fin de año que se realizó en 2005 en el Hotel Lucania, regalos a las esposas de los jefes, entre otros.

Para blanquear los números se falsificaron planillas, registrándose pagos de viáticos a soldados que nunca las cobraron y que durante el debate, varios de los que fueron convocados como testigos, no reconocieron sus firmas.

En el transcurso de juicio ya declararon más de 20 testigos y todavía queda por conocer el testimonio de por lo menos una docena, entre ellos, el del denunciante que ayer debía comparecer ante el tribunal y no lo hizo. El que sí se presentó fue el ex jefe de la IX Brigada Mecanizada, teniente coronel Raúl Alberto Señorans, quien en un tramo de su declaración estimó que el imputado debió haberse sentido presionado por los tiempos, explicando que se contaba con unos 15 días para la rendición de los fondos.

De todas maneras insistió que entregó la jefatura sin novedades y con todo en perfecto estado, resultándole extraño que un subordinado de Moreira, con quien había compartido el destino anterior, haya presentado una denuncia sobre fraude tres meses después de haberse cerrado el año.

En otro orden de cosas, Señorans no reconoció ocho de las nueve firmas que se le exhibieron ayer, lo que da una pauta de que también su rúbrica fue falsificada.

Un dato curioso fue haber reconocido como propia la firma sobre una factura de un restorán de la costanera local con fecha 6 de diciembre de 2005, siendo que minutos antes había confirmado que el 5 de diciembre había entregado la jefatura.