Los tres eran de la misma barriada del sur de la ciudad de Córdoba, y como tal se habían cruzado en uno u otro momento de sus vidas: de chico, Javier Maximiliano Sona (25) jugó al fútbol en el club Las Flores con Luis Ángel Cisterna (25); de grande, “Javito” le compró un celular a Héctor Darío Medrano (24).

Tres nombres y un mismo hecho: a partir de este martes, la Cámara 6ª del Crimen de Córdoba juzgará a Cisterna y Medrano por el delito de “homicidio en ocasión de robo” en perjuicio de Javier Sona, quien fue ejecutado de un disparo en la nuca cuando repartía cuatro lomitos en su motocicleta y dos motochoros lo abordaron para robarle.

Fue poco antes de la medianoche del 10 de agosto de 2013 en barrio Artigas, en el sur de la Capital.

El crimen, que tuvo amplia repercusión en su momento, derivó en una investigación del Departamento Homicidios que culminó con el arresto Cisterna y Medrano, quienes afrontarán un juicio con ocho jurados populares por una imputación que prevé una pena de entre 12 y 25 años de cárcel.

“No buscamos venganza, buscamos justicia. Mucha gente quiere la sangre de los acusados, pero nosotros deseamos que ellos paguen lo que hicieron ante un juez. Queremos justicia, pero una justicia sin concesiones”, dijeron a Día a Día Patricia y Daniel, los padres de “Javito”. En este sentido, el querellante Carlos Nayi, en representación de la familia Sona, anticipó que pedirá el cambio de carátula a “homicidio criminis causae”.

Como cualquier joven, “Javito” tenía un pasado y muchos proyectos en la cabeza. Su pasado lo ubicaba como goleador en los clubes Las Flores y Peñarol de la Liga Cordobesa, donde incluso fue compañero del imputado Cisterna, según el presidente de Las Flores le contó luego a la familia Sona.

El fútbol era su vida. “Si alguna vez me pasa algo, mami, doná mis piernas para que otro tipo pueda tenerlas y ser tan bueno como yo”, bromeó en alguna ocasión. Después de que fue baleado y los médicos confirmaron que tenía muerte cerebral, su familia cumplió su anhelo de algún modo y donó sus órganos.

Uno de sus proyectos más importantes era vivir con su novia, Tatiana, y para eso trabajaba ocho horas por día como repositor externo en una empresa y, de noche, hacía delivery en una pizzería del barrio.

“Trabajaba muchísimo y con mucho esfuerzo había logrado comprar en cuotas la pizzería. Soñaba con ser el dueño del negocio para prosperar y vivir con su novia”, compartieron sus padres.

Una semana antes del robo fatal, “Javito” cumplió su sueño y compró la pizzería. Pero como todo era a pulmón, él mismo seguía haciendo los deliverys. Aquel 10 de agosto, una pariente lejana le encargó cuatro lomitos. Sona llegó con su motocicleta a la calle Wenceslao Escalante cuando lo encañonaron dos motochoros. Asustado, intentó correr y le dispararon en la nuca.

El querellante Carlos Nayi aseguró que los acusados “mataron para procurar impunidad” y por ello mismo pedirá en el transcurso del juicio que la carátula cambie a “homicidio criminis causae”.Esta figura, ubicada en el inciso 7º del artículo 80 del Código Penal, contempla la pena de reclusión perpetua dado que supone que alguien asesina para asegurarse de que no lo reconozcan y, por ello, lograr su impunidad.En el caso de “Javito”, Nayi indicó que los imputados Cisterna y Medrano “conocían a la víctima” y que la ejecutaron para que no los denunciara.

“Los acusados, en su raid delictivo, fueron a asaltar al delivery y se dieron con que era alguien que conocían del barrio. Entonces cuando Javier pidió auxilio y trató de escapar, lo ejecutaron porque los había reconocido”, explicó Nayi.

“Tanto es así que lo reconocieron, que los acusados huyeron del lugar raudamente sin llevarse la motocicleta de Javier ni los 500 pesos de la recaudación”, fundamentó el querellante.Los padres de “Javito” están de acuerdo. Daniel Sona es empleado judicial en Tribunales II y se pasó la vida trabajando con expedientes de homicidios.

“Veía el sufrimiento de esas familias como algo lejano, pero ahora lo viví en primera persona y sé lo que se siente”, contó.